La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó en los últimos días avances clave. Mientras los peritos terminan de analizar el contenido del teléfono celular del contratista que realizó obras en propiedades vinculadas al funcionario, la fiscalía federal prepara un requerimiento formal para que explique una serie de movimientos económicos considerados inconsistentes.
Fuentes judiciales confirmaron que ya fue extraída y descargada la totalidad de la información contenida en el celular de Matías Tabar, encargado de distintas refacciones en inmuebles atribuidos al jefe de Gabinete. El material incorporado al expediente incluye conversaciones, documentación comercial, comprobantes de compras y facturas vinculadas a las obras.
Los investigadores consideran que esos elementos podrían aportar información relevante sobre el origen de fondos utilizados para realizar mejoras en distintas propiedades y sobre la trazabilidad de algunos gastos bajo análisis.
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la elaboración de un pedido de justificación patrimonial destinado a que Adorni explique operaciones y movimientos financieros detectados durante la investigación. Según fuentes con acceso al expediente, el requerimiento se presentará independientemente de otras medidas de prueba aún pendientes.
Para formalizar ese paso, la fiscalía aguarda la incorporación de un informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO/DAFI), que permitirá completar el análisis patrimonial del funcionario. Sin embargo, en tribunales señalan que ya existen elementos suficientes para solicitar explicaciones sobre determinados gastos y pagos que habrían sido realizados fuera de los circuitos bancarios habituales.
Entre los movimientos observados figuran desembolsos vinculados a un viaje a Aruba, pagos realizados a una escribana y cuotas abonadas en el marco de una operación hipotecaria relacionada con una propiedad ubicada sobre la calle Asamblea. La fiscalía busca determinar el origen de esos fondos y verificar si guardan correspondencia con los ingresos declarados por el funcionario.
El requerimiento funcionará como una instancia formal para que Adorni aporte documentación y explicaciones que permitan despejar las dudas planteadas por la investigación. En caso de que las justificaciones resulten satisfactorias, la causa podría cerrarse sin mayores consecuencias. De lo contrario, el expediente avanzaría hacia una eventual imputación y una posible convocatoria a declaración indagatoria.
La situación coincide con la inminente presentación de la declaración jurada patrimonial que el Gobierno asegura que Adorni entregará esta semana ante la Oficina Anticorrupción. En la Casa Rosada sostienen que el documento está siendo revisado antes de su presentación formal y confían en que permitirá responder a los cuestionamientos surgidos en torno a la evolución de su patrimonio.
La declaración deberá detallar la capacidad económica del funcionario para afrontar compromisos que, según estimaciones incorporadas al expediente, superarían los 725.000 dólares entre compras inmobiliarias, refacciones, viajes familiares y la adquisición de vehículos.
El caso también se encuentra bajo análisis del juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo dos expedientes vinculados a Adorni. Uno investiga el crecimiento de su patrimonio, mientras que el otro analiza presuntos vínculos con contrataciones estatales relacionadas con allegados al funcionario.
La investigación permanece en una etapa de recopilación y evaluación de pruebas, aunque las próximas semanas serán determinantes para definir si las explicaciones presentadas alcanzan para despejar las sospechas o si la causa avanza hacia una instancia procesal más comprometida.
