La decisión fue tomada en una Asamblea comunitaria que se declaró máxima autoridad del pueblo tucumano. El conflicto ya llegó a la Justicia y expone una vieja disputa entre el Estado y las instituciones indígenas
La crisis institucional en Amaicha del Valle, provincia de Tucumán, sumó un nuevo capítulo luego de que la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita resolviera expulsar al comisionado comunal Paul Caillou, a quien acusa de desconocer las decisiones comunitarias y de avanzar con una judicialización considerada ilegítima por la Asamblea.
La medida fue adoptada en una Asamblea Extraordinaria, que se autodefinió como “definitiva e inapelable”, y en la que se ratificó que la Asamblea Comunitaria es la máxima autoridad política del pueblo, por encima de cualquier intervención externa.
Según el documento difundido por la comunidad, Caillou habría incurrido en una “usurpación de funciones” y en una violación al derecho a la libre determinación, al recurrir a la Justicia provincial para dirimir un conflicto interno vinculado a la elección del cacique.
El origen de la disputa se remonta a mediados del año pasado, cuando Caillou y Horacio Díaz se proclamaron ganadores de la elección comunitaria. La falta de consenso derivó en una escalada del conflicto que hoy combina decisiones comunitarias, acciones judiciales y un fuerte cuestionamiento al rol del Estado provincial.
Desde la Comunidad Indígena exigieron que se levanten las medidas judiciales que afecten el funcionamiento de la Asamblea y advirtieron a los gobiernos provincial y nacional que se abstengan de intervenir en la vida política de Amaicha del Valle.
El caso vuelve a poner en debate la convivencia —no siempre armónica— entre las autoridades tradicionales indígenas y las figuras institucionales del Estado en una de las comunidades originarias más emblemáticas del Norte Argentino.
