Una causa que mezcla denuncias de presunto desvío de fondos, conflictos laborales y fuertes cruces institucionales, con la Justicia esperando pruebas que podrían marcar un punto de inflexión
La Justicia Federal avanza en una investigación que mantiene en vilo a la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán (OSPPT), tras una denuncia por presunto lavado de activos y desvío de fondos presentada por un ex directivo de la institución. El caso ahora se encuentra en una etapa clave: la Fiscalía aguarda informes de distintos organismos nacionales que podrían definir el rumbo de la causa.
El Fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz confirmó que solicitó documentación e información a diferentes entidades, entre ellas la Unidad de Información Financiera (UIF), considerada central en la pesquisa. Según explicó, el contenido de esos informes será determinante para evaluar si corresponde avanzar con citaciones, declaraciones indagatorias o eventuales imputaciones. También, rechazó versiones que señalaban una supuesta paralización del expediente.
La denuncia fue impulsada por el médico José Alberto Gijena, ex director médico de la obra social, quien apuntó contra autoridades de la institución por presuntas maniobras vinculadas al uso irregular de fondos. Entre las acusaciones, sostuvo que se habrían utilizado facturas apócrifas y estrategias de recorte de coberturas médicas de alto costo. Además, afirmó que tras denunciar estas situaciones fue despedido y cuestionó el accionar judicial al señalar que no habría sido convocado formalmente por la Fiscalía.
Desde la Asociación de Prensa de Tucumán y la conducción de la OSPPT rechazaron de manera categórica las acusaciones. Aseguraron que se trata de una denuncia sin sustento documental y vincularon la presentación judicial a un conflicto laboral tras el despido del profesional. También, remarcaron que la obra social continúa funcionando con normalidad y garantizando prestaciones a sus afiliados.
El expediente tomó mayor repercusión por el cruce de versiones entre el denunciante, la Fiscalía y las autoridades de la entidad, mientras la expectativa está puesta en los informes de la UIF y otros organismos nacionales. De sus conclusiones dependerá si la investigación escala hacia una etapa judicial más profunda o si las acusaciones quedan sin sustento. Por ahora, la causa sigue abierta y bajo observación en Tucumán.
