La Justicia provincial procesó a un médico acusado de haber utilizado los datos de un afiliado del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán para cargar prestaciones médicas inexistentes y cobrar pagos indebidos de la obra social provincial
La investigación está en manos de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, encabezada por Diego López Ávila. Según la acusación, el profesional habría aprovechado los datos personales de un afiliado, de 69 años, luego de una única consulta médica realizada en un sanatorio privado de Tucumán.
El problema salió a la luz cuando la víctima intentó sacar nuevos turnos médicos y descubrió que en el sistema figuraban consultas ya realizadas. Eso le impidió utilizar normalmente su cobertura médica y lo obligó a pagar atenciones particulares de su propio bolsillo.
La maniobra habría consistido en ingresar al sistema informático del Subsidio de Salud y registrar falsas consultas en distintas fechas de 2024, simulando prestaciones que nunca existieron. De esa manera, el médico conseguía que la obra social provincial liberara pagos por servicios inexistentes.
La causa tomó aún más gravedad porque, según se conoció durante la audiencia judicial, el profesional ya tenía antecedentes administrativos por situaciones similares. En 2024, había sido suspendido durante 60 días después de que otros afiliados denunciaran que aparecían consultas facturadas a su nombre pese a no haberse atendido nunca con él. Ahora volvió a ser suspendido, esta vez por 120 días.
Desde el propio IPSST reconocieron que las irregularidades fueron detectadas a partir de controles internos y denuncias de afiliados. La institución pidió a los usuarios revisar periódicamente sus consumos médicos para detectar prestaciones sospechosas.
El caso vuelve a exponer un problema silencioso pero millonario dentro de los sistemas de salud: las prestaciones “fantasma”. Se trata de consultas, estudios o tratamientos cargados administrativamente pero que nunca se realizan. El perjuicio no sólo afecta económicamente al Estado y a la obra social, sino también a los afiliados, que muchas veces descubren demasiado tarde que su cobertura fue utilizada irregularmente.
En Tucumán, ya aparecieron en los últimos meses otras investigaciones vinculadas a presuntas maniobras fraudulentas dentro del sistema sanitario y administrativo del Subsidio de Salud. Incluso existen causas por certificados de discapacidad falsos y facturaciones irregulares.
La Justicia ahora deberá determinar cuál fue el monto exacto del perjuicio económico causado por las prestaciones inexistentes y si existen más afiliados afectados por la maniobra. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control sobre el manejo de fondos públicos destinados a la salud.
Con información de Micaela Pinna Otero
