El informe expuso mensajes borrados, referencias a drogas, encuentros sexuales grupales y vínculos previos con la víctima
La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, sumó en las últimas horas nuevos elementos que podrían resultar determinantes para esclarecer lo ocurrido. Pericias realizadas sobre el celular de Justina Gordillo —imputada por presunto encubrimiento— expusieron mensajes eliminados, referencias al consumo de drogas, encuentros sexuales grupales y vínculos previos con la víctima.
De acuerdo con el informe incorporado al expediente, los investigadores lograron recuperar conversaciones borradas y otros registros digitales que ahora son analizados por la fiscalía. Las pruebas apuntan a reconstruir el entorno que rodeaba a Felipe “El Militar” Sosa, principal acusado del crimen, y determinar si existieron más personas involucradas en el hecho o en el posterior encubrimiento.
Los peritos también detectaron intercambios vinculados al consumo de sustancias y presuntas reuniones privadas que podrían aportar contexto sobre la relación entre los protagonistas de la causa. Según trascendió, algunos mensajes evidenciarían contactos previos entre Gordillo y Érika Álvarez, un dato que podría modificar parte de la hipótesis inicial de la investigación.
Mientras tanto, el Fiscal Pedro Gallo continúa profundizando distintas líneas investigativas para determinar si el acusado actuó solo o contó con colaboración de terceros. En los últimos días, incluso surgieron sospechas sobre posibles maniobras para ocultar pruebas y facilitar la fuga de Sosa tras el asesinato.
El caso sigue generando fuerte conmoción en Tucumán no solo por la brutalidad del crimen, sino también por las conexiones y revelaciones que van apareciendo con el avance del expediente judicial. Familiares de la víctima sostienen que aún quedan muchas respuestas pendientes y reclaman que la investigación llegue “hasta las últimas consecuencias”.
El Asesinato de Érika
El caso de Érika Antonella Álvarez es uno de los femicidios que más conmoción generó en la provincia durante 2026. La joven, de 25 años, fue hallada asesinada el 8 de enero en un descampado de Manantial Sur. Su cuerpo estaba desnudo, atado y envuelto en bolsas de consorcio, con signos de una brutal golpiza. La autopsia confirmó que murió por un fuerte traumatismo craneofacial y lesiones cervicales.
El principal acusado es Felipe Sosa, un exmilitar de 51 años que había integrado el Ejército y, según distintas publicaciones, también la Legión Extranjera Francesa. En Tucumán era conocido por manejar una empresa de seguridad privada y por su perfil violento.
La investigación determinó que la última señal del celular de Érika se registró en la casa de Sosa, en Yerba Buena, durante la madrugada del 7 de enero. Para los investigadores, allí habría ocurrido el crimen. Días después del hallazgo del cuerpo, Sosa escapó de Tucumán y fue detenido en Pilar, provincia de Buenos Aires, tras permanecer prófugo.
Con el avance de la causa aparecieron elementos que hicieron sospechar que el acusado no actuó solo. La Justicia comenzó a investigar posibles encubrimientos, eliminación de pruebas y ayuda para facilitar la fuga. En ese contexto quedó involucrada Justina Gordillo, pareja de Sosa, acusada de presunto encubrimiento. Pericias sobre su teléfono revelaron mensajes borrados, referencias a drogas y contactos vinculados al entorno de la víctima.
Además, el caso tomó aún más repercusión cuando trascendió que Sosa había sido denunciado anteriormente por violencia de género y amenazas. La familia de Érika sostiene que detrás del crimen podría existir una trama más compleja relacionada con consumo de drogas, fiestas privadas y posibles conexiones de poder en Tucumán.
Actualmente, Felipe Sosa continúa detenido y es el principal imputado por el femicidio de Érika Álvarez, mientras la Fiscalía sigue investigando si hubo más personas involucradas en el asesinato y el encubrimiento posterior.
