Según un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de San Pablo-T, la fuerza policial provincial es considerada mayoritariamente como una institución poco confiable, poco profesional, sobornable e irrespetuosa a las normas
Por Facundo Vergara
En el transcurrir del día a día en Tucumán, muchos lectores de este medio se hacen eco y denuncian situaciones de violencia o de victimización de distintos tipos de delitos vividos tanto en primera persona, así como en su núcleo cercano de relaciones interpersonales. En tal sentido, son frecuentes diversas críticas que se manifiestan hacia el accionar de la fuerza encargada de velar por la seguridad patrimonial y personal de la población tucumana en general: la Policía de Tucumán. Veamos esto con mayor profundidad.
La Encuesta Provincial de Victimización (EPV)
El trabajo de campo encarado por los investigadores de la casa de altos estudios se llevó a cabo durante el año pasado, haciendo foco sobre la población residente del Gran San Miguel de Tucumán, en consideración a su peso demográfico y a su centralidad urbana dentro de la provincia. En ese marco geográfico, la EPV estuvo dirigida a la población en general, sin discriminación por estratos sociales, económicos ni niveles de ingreso, a fin de “captar una visión amplia y diversa de las experiencias de victimización en el territorio analizado”.
Es prudente aclarar que las Encuestas de Victimización sirven para conocer y comprender el fenómeno del delito desde la perspectiva de las personas, no solo desde los registros policiales o judiciales. Cuando se habla de hechos delictuales, la principal fuente de información oficial surge de los registros administrativos policiales y judiciales; sin embargo, estos registros no captan aquellos casos en los cuales los delitos no fueron denunciados y los motivos por los cuales no se realizaron las denuncias pertinentes, es decir, estos hechos no son contabilizados en las estadísticas oficiales. Contrarrestar esta limitación, es uno de los objetivos que buscan las Encuestas de Victimización.
La Policía de Tucumán bajo la lupa
Por el momento, dejaremos de lado los datos relevados en el estudio acerca de los delitos que sufre la ciudadanía tucumana y haremos foco en otro de los aspectos que abarcó el trabajo: relevar la opinión de la ciudadanía respecto al desempeño de las instituciones públicas encargadas de administrar la justicia y la seguridad, entre ellas, la Policía de Tucumán.
La fuerza policial encargada de velar por la seguridad patrimonial y personal de la población, posee mayoritariamente una imagen negativa. Es considerada como una institución poco confiable, poco profesional, sobornable e irrespetuosa en el cumplimiento de las normas.
Habitualmente, el debate público en materia de seguridad se concentra en los interrogantes acerca de si hay más o menos delito, o si se destina mayor o menor presupuesto al área de seguridad pública, pero esa discusión, aunque es relevante, también es incompleta. Así, la EPV nos permite observar el problema desde diversos focos. Uno de ellos es la opinión ciudadana acerca de quienes deben protegernos, y la respuesta, en Tucumán, es incómoda.
Según los datos aportados por el informe final de la EPV, más del 77% de la población considera a la Policía poco o nada confiable. El 84,8% la percibe como poco o nada profesional, y casi el 83% cree que es sobornable. No se trata de percepciones marginales ni de opiniones aisladas: estamos frente a un consenso social negativo, amplio y persistente.
En términos de teoría política e institucional, esto configura un problema de déficit de legitimidad. Es decir, estamos hablando de una institución que, aun teniendo el monopolio formal de la fuerza, carece del reconocimiento social necesario para ejercerla de manera efectiva.
La tendencia de opinión negativa también se observa en el plano operativo. Más de dos tercios de los encuestados consideran insuficiente el patrullaje en la vía pública. Casi el 60% evalúa negativamente la capacidad de la policía para controlar el delito y cerca de la mitad califica como mala o muy mala la respuesta ante emergencias. La lectura de los datos no reflejan solo una cuestión de imagen (negativa por cierto), sino que también manifiestan una evaluación concreta de (mal) desempeño.
La relación cotidiana entre uniformados y ciudadanos
El estudio refleja también datos delicados respecto al accionar policial en el cumplimiento de sus funciones. Un 20,1% de los encuestados reportó haber sufrido maltrato verbal por parte del personal policial; un 5,4%, manifestó haber sufrido maltrato físico y un 8,1% afirmó haber sido detenido o demorado sin motivo. Esto habla directamente de prácticas que rozan —o directamente vulneran— derechos básicos, y cuando ello ocurre, la distancia entre la institución y la sociedad deja de ser simbólica y se vuelve experiencial. Hay algo básico que los uniformados parecen haber olvidado; y es que ellos mismos fueron ciudadanos antes de ser funcionarios públicos. En tales prácticas se evidencia una falta de empatía alarmante.
Otro dato relevante que surge del sondeo es que la gente no recurre a la policía ante situaciones de emergencia. El 61,1% llama primero a un familiar y apenas el 28,2% se contacta directamente con la fuerza, es decir, en el momento más crítico, la red de confianza se desplaza del ámbito público al privado.
Este fenómeno tiene múltiples implicancias. Por un lado, debilita la capacidad del Estado para intervenir en situaciones de emergencia. Por otro, refuerza lógicas informales de resolución de conflictos, que pueden derivar en mayor vulnerabilidad o incluso en formas de justicia por mano propia. Todo esto genera un círculo vicioso: a menor confianza, menor denuncia; a menor denuncia, menor información; y a menor información, peores políticas públicas.
Es importante destacar que la fuerza policial cuenta con aspectos positivos, también es oportuno aclarar que no estamos frente a un problema exclusivamente policial. La policía en este caso es, en gran medida, el último eslabón visible de una cadena más amplia de decisiones políticas, improntas institucionales y modelos de gestión. Es también una de las caras visibles más inmediata del Estado, y cuando esa imagen genera temor, desconfianza o rechazo, el daño institucional es difícil de salvar.
Y entonces, ¿cuál es el camino a seguir?
Es evidente que la institución policial de Tucumán debe cambiar. Los datos de la EPV sugieren que no alcanza con medidas aisladas. No se trata solo de aumentar patrullajes o incorporar tecnología. El problema es estructural y requiere de una estrategia integral de fortalecimiento institucional promovida por los poderes estatales, que abarque mínimamente aspectos como la profesionalización real de la fuerza, es decir, no solo en términos de capacitación técnica, sino también en estándares de conducta, protocolos claros de actuación y evaluación de desempeño; a su vez es urgente avanzar en la reducción de incentivos a la corrupción, lo que supone revisar esquemas salariales, sistemas de control interno y mecanismos de rendición de cuentas.
Otro aspecto a fortalecer es lograr mayor presencia territorial, pero no solo en cantidad, sino en calidad; y también, llevar a cabo un reconstrucción del vínculo con la ciudadanía. Todo esto no se logra con campañas de comunicación, sino con experiencias concretas y sostenidas en el tiempo. La Policía de Tucumán debe dejar de ser percibida como una amenaza o una ausencia. Debe ser vista como un recurso confiable y funcional a las necesidades de la sociedad.
Todo es cuestión de decisión. En la medida que el Gobierno no asuma la problemática desde lo institucional, seguiremos padeciendo los efectos de los aspectos negativos que revela el informe. Por supuesto que nada de esto es inmediato ni sencillo; pero ignorar el problema no debería ser una opción; porque cuando una sociedad naturaliza que su primera reacción ante el peligro no es acudir al Estado, sino refugiarse en lo privado, lo que está en juego no es solo la seguridad, es la propia idea de que lo público no da soluciones a las demandas y necesidades de la ciudadanía. Hoy en Tucumán esa idea está seriamente erosionada.
