Las “peleas”, desde hace años, entre La Caja Popular y el Tribunal de Cuentas pasó de ser “chimento de peluquería” a una situación grave: denuncia a la Justicia Penal
Por SIN CODIGO
Las chicanas, las declaraciones rimbombantes, los titulares en medios de comunicación, los afiches en la vía pública, dardos cruzados, trascendidos de pasillo, todo eso que sucedió -durante años- entre el Tribunal de Cuentas de Tucumán y la Caja Popular de Ahorros de la provincia podría aceptarse, y de hecho se aceptó, pero cuando hay denuncias formales a nivel Judicial, la cosa cambia. Ya no se trata de un espectáculo político, se trata de posibles ilícitos con fondos públicos, es decir, con la plata de todos los tucumanos.
Cuando un organismo de control acusa formalmente a otro ente provincial de posible malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y presenta pruebas de ello, ya no estamos ante una interna. Estamos ante una crisis institucional que salpica de lleno a quien, constitucionalmente, es el garante de que el Estado funcione: el gobernador de la provincia.
El Estado no puede darse el lujo de pelearse consigo mismo
La disputa entre la Caja y el Tribunal de Cuentas dejó expuestos cuestionamientos gravísimos que el Gobierno de Tucumán no puede dejar librados al barro mediático. En un sistema republicano, los organismos no pueden ir a las trompadas en público mientras la máxima autoridad mira para otro lado -al menos es lo que parecería-. Porque esto no es una anécdota: es un golpe directo a la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones.
El Tribunal de Cuentas, como órgano de control, debe ser evaluado —y eventualmente sancionado— por quien corresponde: la Legislatura, que es la única habilitada para avanzar hacia un Juicio Político.
En cambio, la Caja Popular es un organismo intervenido por el Poder Ejecutivo. El interventor está allí porque el gobernador lo puso. Y del mismo modo, el gobernador puede removerlo cuando la salud institucional así lo exige. Hoy esa necesidad es evidente.
Cuando hay sospechas de corrupción, la respuesta debe ser política antes que Judicial
La Justicia investigará y establecerá responsabilidades penales. Perfecto. Pero la política debe actuar antes. Si existe un conflicto tan grave entre dos organismos provinciales, si hay acusaciones recíprocas, si una parte denuncia corrupción y la otra responde con ataques institucionales… eso, por sí solo, ya amerita una decisión política del gobernador.
No se puede exigir confianza social cuando las instituciones se tironean sin control. La sospecha ya está instalada y el propio Tribunal de Cuentas asegura tener elementos que la sostienen. La respuesta no puede ser la inacción. El interventor de la Caja Popular debería, al menos, dar un paso al costado y allanarse a la Justicia. La Legislatura podría evaluar el comportamiento de los integrantes del Tribunal de Cuentas.
El bochorno institucional ya es demasiado
No se trata de elegir un bando entre la Caja y el TC. Se trata de elegir el lado de la institucionalidad. Y hoy esa institucionalidad está siendo maltratada. Los tucumanos no pueden ser testigos pasivos de un espectáculo bochornoso que los deja desprotegidos y con la sensación de que el Estado pelea abiertamente mientras descuida los fondos que son de todos.
El gobernador Jaldo es un hombre con décadas de trayectoria, que conoce mejor que nadie los resortes del poder provincial. Y justamente por su experiencia, es él quien debería poner la casa en orden, luego será la Justicia. Seguramente estará evaluando como terminar con el espectáculo desagradable entre dos organismos del Estado provincial.
Si Tucumán aspira a ser una sociedad seria y confiable, este papelón institucional no puede continuar mucho tiempo más.
