El Gobierno ya tiene a los primeros apuntados
A días de haberse conocido grabaciones ilegales sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. En la presentación judicial hablan de una “maniobra golpista”.
“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni a través de un mensaje en sus redes sociales. La denuncia sale cuando el Gobierno obtuvo información de que habría audios de más de un ministro para salir en los próximos días.
En el Gobierno consideraron que con esa revelación se cruzó un límite. “Fue un mensaje torpe, porque revelan algo que nada tiene que ver con el contenido de los otros, que también es falso. Pero además es un mensaje mafioso. Estamos seguros de que Karina no dijo nada incriminador. Lo que es seguro es que es gravísimo que alguien grabe con esas intenciones al interior de Casa Rosada”, agregó una altísima fuente oficial a Infobae.
Qué dice la denuncia por espionaje
“Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa”. Con esta afirmación, el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, bajo la firma de su Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto, presentó una denuncia penal ante la justicia federal por la presunta producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
El documento, atribuido a Soto y presentado por indicación expresa de la ministra Patricia Bullrich, sostiene que los hechos denunciados constituyen “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”.
La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, describe una maniobra que, según el Gobierno, busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.
El escrito solicita como medida cautelar urgente la prohibición de difusión, reproducción y circulación de los registros obtenidos, así como de cualquier otro elemento relacionado con la maniobra ilícita, “en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”.
El Ministerio de Seguridad Nacional, en su presentación, describe la maniobra como una “operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. El texto enfatiza que no se trata de una filtración fortuita ni de un hecho espontáneo, sino de una secuencia ejecutada con una finalidad política y comunicacional, a través de prácticas prohibidas por la Ley 25.520. La denuncia señala que la maniobra se basa en grabaciones subrepticias, amplificadas luego a través de redes sociales y de ciertos medios de prensa “elegidos deliberadamente para desacreditar al Gobierno”.
El escrito atribuye la difusión de los audios a un momento estratégico, coincidente con el tramo más álgido de la campaña electoral previa a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, y a la disputa que antecede a los comicios nacionales del 26 de octubre. “El momento elegido, naturalmente, no es casual”, sostiene el Ministerio, que interpreta la elección de figuras emblemáticas del Gobierno como un intento de “enrarecer el clima preelectoral y generar violencia durante las apariciones públicas de los funcionarios espiados.
