La reciente aprobación en Diputados de un aumento del 7,2% en las jubilaciones y un bono de $110.000 ha reavivado el debate sobre el uso político de los adultos mayores en Argentina
Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó, con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, un proyecto que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones y un bono de $110.000 para quienes perciben la mínima .
Este proyecto fue impulsado por bloques opositores, incluyendo Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. El oficialismo, representado por La Libertad Avanza y el PRO, votó en contra, mientras que la UCR se abstuvo.
El Gobierno de Javier Milei ha anunciado que vetará la Ley si es ratificada por el Senado, argumentando que su implementación tendría un impacto fiscal significativo, estimado en alrededor del 0,7% del PBI .
Desde el oficialismo, se sostiene que esta medida pone en riesgo el equilibrio fiscal y los esfuerzos por estabilizar la economía, tras años de déficit y alta inflación.
Por otro lado, la oposición argumenta que el aumento es necesario para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, y que el financiamiento puede lograrse mediante la eliminación de ciertas exenciones fiscales y la reasignación de partidas presupuestarias .
La situación plantea interrogantes sobre el uso de los jubilados en la arena política y la sostenibilidad de las políticas públicas en un contexto de restricciones fiscales.
Después de décadas de desinterés por parte de los gobiernos peronistas/kirchneristas, incluso de Juntos por el Cambio, los jubilados se convierten -otra vez- en rehenes de la política. Esta vez, para poner en jaque el plan económico de la Administración Milei.
No hay que ser ingenuos: si a los políticos de la oposición realmente les importaran los jubilados, habrían hecho algo cuando fueron gobierno. Pero no. Durante más de una década, el kirchnerismo administró el sistema previsional con lógica de caja, confiscó las AFJP, licuó haberes con inflación y usó el dinero de los “viejos” para financiar clientelismo y militancia. Y mientras tanto, los jubilados cobraban miserias, hacían colas eternas en el PAMI y eran tratados como ciudadanos de segunda.
Hoy, desde la oposición, muchos de esos mismos dirigentes se rasgan las vestiduras, defienden la “dignidad de nuestros abuelos” y votan leyes que suenan hermosas pero que no tienen respaldo fiscal real. ¿El objetivo? No es ayudar a los jubilados. Es dinamitar el equilibrio fiscal que el Gobierno Nacional defiende con dientes y uñas para ordenar una economía devastada.
Si la Argentina quiere salir del pozo, tiene que dejar de gastar lo que no tiene. Lo demás es populismo con fecha de vencimiento.
Porque la verdadera preocupación de los opositores a la gestión actual no son los jubilados, ni los discapacitados, ni los docentes, ni los médicos. Su objetivo es que a este Gobierno le vaya mal, aunque eso implique fundir al país por enésima vez. Porque mientras peor esté la economía, mejor les irá a ellos en las urnas. Es el juego perverso de siempre.
Y lo más indignante: mientras votan aumentos que el país no puede pagar, esos mismos diputados se suben los sueldos a niveles obscenos sin siquiera sonrojarse. Viven en una burbuja, hacen política con la necesidad ajena y cuando el sistema colapsa, se lavan las manos. Otra vez.
Los jubilados merecen una solución real. No un parche. No un discurso. No una Ley hecha para explotar en manos de otro. Merecen una reforma integral del sistema previsional, que asegure sustentabilidad y dignidad a largo plazo. Lo demás es puro cuento.
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