Coincide con distritos donde hubo renovación del Gobierno local. En donde no aprobaron están gobernadas por “feudos”
Para obtener avances institucionales y disminuir la corrupción, en provincias como Tucumán, habrá que intentar erradicar -en las próximas elecciones- al peronismo atrasador, que está en el Gobierno hace 40 años
Los gobernadores de provincias clave en el armado nacional, impulsan o aprobaron proyectos para impedir que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos y podrían tener claros perdedores en sus distritos.
La primera provincia en aprobar una Ley de estas características fue Chubut, luego le siguieron Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro, y esta última semana. Córdoba. Asimismo, Neuquén se perfila como la provincia que prontamente debatirá una medida similar.
Un detalle importante a tener en cuenta es que muchos de los gobernadores de dichas provincias forman parte de la renovación llevada a cabo durante 2023 y de provincias que tradicionalmente votaron al peronismo y hoy no lo son.
En Córdoba, a cargo del gobernador Martín Llaryora, quienes hayan sido condenados hasta en dos instancias no podrán acceder a ninguno de los tres poderes del Estado. La nueva Ley sancionada el viernes pasado establece el alcance a delitos dolosos con pena privativa de la libertad, y ahora esta prohibición se amplía a candidatos partidarios y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Esta norma promueve la ética, la transparencia y garantiza que quienes aspiran al servicio público cumplan con los más altos estándares de integridad”, celebró Llaryora a través de una publicación en su cuenta de X el pasado 28 de diciembre.
Las provincias en las que ya rige la Ley Ficha Limpia
En el caso de Río Negro, la iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck establece que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios. La norma también contempla similares restricciones para el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.
Por otro lado, en Santa Fe, previo a las elecciones primarias, los candidatos deben presentar el Certificado de Antecedentes Penales (CAP), emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, y mediante el cual se certifica la inexistencia de antecedentes o procesos penales pendientes del solicitante.
La norma impide ser precandidatos/as a cargos públicos en Santa Fe a quienes posean condena por hechos de corrupción incompatibles con la función pública y tipificados en el Código Penal; delitos contra la integridad sexual; c) delitos contra la libertad; delitos de homicidio cometido con violencia de género. También abarca a quienes estén inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley N° 11.945).
En estos casos, la imposibilidad para ser precandidato lo será por el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que obtuviera el doble conforme en la Justicia. Una normativa similar rige en San Juan, Chubut, Mendoza, Salta y Jujuy.
Chubut, a cargo de Ignacio “Nacho” Torres, es otra de las provincias que aprobó recientemente un proyecto de estas características y tendría como perjudicados a varios miembros del gabinete del anterior gobernador.
Mendoza fue un paso más allá, y ahora Alfredo Cornejo impulsa un proyecto para que docentes y personas vinculadas a la educación tengan que tener ficha limpia. La iniciativa tiene como objetivo “fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas con antecedentes penales relacionados con delitos graves”.
