A 20 de marzo, el cuerpo legislativo de San Miguel de Tucumán aún no arrancó su actividad ordinaria. Entre la inercia política y la falta de urgencia, la ciudad espera
A casi tres semanas del inicio formal del período legislativo, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sigue sin sesionar. El dato no es menor: el calendario institucional marca que la actividad comienza el 1 de marzo, con la apertura encabezada por la intendente Rossana Chahla.
Pero una cosa es el acto protocolar y otra, muy distinta, el funcionamiento real del órgano legislativo.
Hasta hoy, 20 de marzo, no hubo ni una sola sesión ordinaria.
El silencio en el recinto contrasta con el ruido de la calle. Tucumán arrastra problemas estructurales que requieren debate, control y decisiones políticas: transporte, infraestructura, servicios, inseguridad urbana. Sin embargo, el ámbito natural donde esas discusiones deberían darse permanece inactivo.
La situación expone una postal repetida en la política local: los tiempos de la dirigencia no siempre coinciden con los de la sociedad. Mientras los vecinos lidian con lo urgente, el Concejo parece moverse a otro ritmo, más lento, más cómodo, más distante.
No se trata solo de una formalidad incumplida. La falta de sesiones implica la ausencia de debate público, de transparencia y de producción legislativa. Es, en los hechos, un paréntesis institucional difícil de justificar.
El interrogante es inevitable: ¿qué impide que el Concejo funcione con normalidad? ¿Falta de acuerdos políticos? ¿Desorganización interna? ¿O simplemente ausencia de presión para que las cosas sucedan?
En política, lo que no se hace también comunica. Y hoy, el mensaje que deja el Concejo Deliberante de la capital tucumana es claro: la agenda legislativa todavía no empezó, aunque el calendario diga lo contrario.
