Pasaron casi seis meses para “encontrarle la vuelta” a las amenazas de bomba. Se perdieron días de clases, mucha plata y un desgaste de la Policía, Defensa Civil, Bomberos. Además, ser el hazmereir de la población
Casi seis meses después de que comenzaron las amenazas de bomba en colegios y algunas instituciones públicas o privadas, el Gobierno provincial pudo tomar algunas medidas judiciales que, aparentemente, puso un freno a ese tipo de intimidaciones públicas. Hoy, después de todos estos meses no hubo ninguna amenaza.
Una madre de un adolescente comentó: “Simplemente los mocosos entendieron el mensaje. Pero también los padres nos dimos cuenta de la gravedad del tema y hablamos con nuestros hijos. Lo venía haciendo, pero el jueves insistí y le mostré la gravedad del caso con lo que hizo la Justicia. Me parece que las sanciones que les dieron a los acusados fue aleccionador”.
Vale mencionar que la Justicia tucumana dictó cuatro prisiones preventivas y embargos por 3 millones de pesos en contra de los acusados de intimidación pública, más los allanamientos realizados este jueves por la tarde.
Es importante que el Gobierno tenga previsibilidad, que sepa adelantarse a los problemas y no correr desde atrás. Y, para aquellas situaciones que se dan repentinamente, encontrar una solución rápida. De esa manera se gana confianza en la población.
Si el Gobierno no cuenta con tecnología suficiente para los delitos modernos, prevean comprar equipamiento, capacitarse y, si es necesario, pedir ayuda a otras provincias que estén más avanzadas. Pero los tucumanos necesitan una solución rápida y efectiva a los problemas.
