Tucumán: procesaron al empresario azucarero Ricardo Ansonnaud por asociación ilícita vinculada al Ingenio La Trinidad

Le trabaron un embargo por 1.000 millones de pesos

El Juez Federal subrogante, Guillermo Díaz Martínez, procesó al empresario azucarero Ricardo Sixto Ansonnaud como presunto jefe de una Asociación Ilícita tributaria que habría operado durante años en torno a la explotación del Ingenio La Trinidad. La resolución también alcanza a otros cuatro imputados, y ordena millonarios embargos sobre sus bienes, en una causa iniciada a partir de una denuncia del organismo recaudador nacional -hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- por evasión impositiva y retenciones indebidas de aportes de la seguridad social, al detectarse presuntas maniobras irregulares en la comercialización de azúcar y en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

En su resolución, el magistrado dispuso el procesamiento de Ansonnaud en calidad de jefe u organizador de una asociación ilícita tributaria, mientras que Santiago Gasep, Guillermo Aníbal Kargachin, Fabio Enrique Seoane y Marta María Fogliata fueron procesados como miembros de esa organización. Todos quedaron imputados como coautores del delito previsto en el Artículo 15 inciso “c” de la Ley 27.430 -Régimen Penal Tributario- en función del Artículo 13 de la misma norma, y del Artículo 45 del Código Penal.

La hipótesis del Fiscal Federal N°2, Agustín Chit, es que hacían sociedades comerciales para desarrollar la explotación del Ingenio mientras eludían obligaciones tributarias y previsionales. Entre las firmas mencionadas en la investigación figuran: MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA, estructuras que habrían sido utilizadas de manera sucesiva para sostener la actividad productiva.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el esquema habría permitido realizar ventas de azúcar sin registrar, emitir remitos irregulares, utilizar contribuyentes considerados no confiables por el organismo fiscal y omitir el pago de impuestos nacionales y aportes de la seguridad social. Además, se investiga la retención indebida de aportes previsionales y la contratación de trabajadores no registrados, lo que habría generado un perjuicio económico significativo para el Estado.

Como parte del procesamiento, el Juez ordenó además trabar embargos millonarios para garantizar eventuales sanciones económicas. En el caso de Ansonnaud la medida fue fijada en 1.000 millones de pesos, mientras que para Gasep, Fogliata, Seoane y Kargachin se estableció un embargo de 700 millones de pesos para cada uno.

El delito de asociación ilícita tributaria prevé penas de tres años y seis meses a diez años de prisión para quienes integren una organización dedicada a cometer ilícitos fiscales, y eleva la pena mínima a cinco años cuando se trata de jefes u organizadores. En ese marco, el Juez recordó que se trata de una figura penal autónoma, por lo que la eventual regularización de deudas fiscales o la suspensión de causas por evasión no extingue la responsabilidad penal por la organización delictiva.

El procesamiento constituye una etapa intermedia del proceso penal en la que el magistrado considera acreditada, con el grado de probabilidad exigido por la ley, la existencia del delito y la posible participación de los imputados. A partir de esta resolución, la causa continuará su curso hacia las instancias posteriores del proceso, donde se definirá si los acusados deberán enfrentar un eventual juicio oral por las maniobras investigadas en torno al funcionamiento del Ingenio La Trinidad.

Al conocerse la acusación del Fiscal, Arnaldo Ahumada, defensor de Ansonnaud, aseveró que su defendido no debe “absolutamente nada” porque todas sus obligaciones personales y las de sus empresas están cubiertas bajo un plan de pago de moratoria y blanqueo. “Y todas se están cumpliendo a rajatabla con la anuencia Fiscal y la anuencia de la ARCA”, dijo en ese momento. Ahora, ante el procesamiento, Ahumada adelantó que apelarán la medida del Juez Díaz Martínez. “Para nosotros es una aberración que debe ser corregida para respetar el orden jurídico, y principalmente la seguridad jurídica”, advirtió.

Con información de Juan Manuel Montero

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