Además, a otras cuatro personas. Embargo millonario
El Juez Federal, José Manuel Díaz Vélez, dictó el procesamiento de seis personas -entre funcionarios municipales, ex autoridades y empresarios- en el marco de la causa que investiga la existencia de una presunta organización criminal que habría operado desde la estructura de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán.
La investigación tiene como punto de partida un audio que se viralizó por redes sociales, y que expuso una trama que mezcla política, dinero público y narcotráfico. Entre los procesados figuran el ex intendente, Luis Campos, y su esposa, también ex intendente de dicha ciudad, y actual legisladora peronista, Sandra Figueroa.
“Nos encontramos frente a hechos de especial trascendencia institucional, que exceden el mero ámbito municipal y afectan la Administración Pública en su conjunto”, sostuvo el magistrado en su fallo. “La magnitud de los hechos ventilados y la posición jerárquica de los imputados imponen al Estado una respuesta judicial inmediata, proporcional y ejemplificadora”, agregó.
Además, Díaz Vélez ordenó: “Trábese embargo sobre bienes suficientes de propiedad de José Albano Loru, Pablo Exequiel Barrionuevo, Sandra Beatriz Figueroa y Luis Armando Campos, en la suma de pesos doscientos cincuenta millones ($250.000.000) por cada uno. En lo que respecta a Roque Cayetano Giménez y José del Carmen Roldán, en la suma de pesos doscientos millones ($200.000.000) por cada uno, a fin de garantizar responsabilidades civiles y costas procesales derivadas de la presente causa”.
La investigación comenzó cuando personal de la División Informática Forense, de la Policía de Tucumán, detectó la circulación de un mensaje de voz entre dos hombres. Según las pericias, las voces correspondían a Luis Armando Campos -entonces intendente municipal- y Roque Cayetano Giménez -empresario local-. En esa conversación se hacía referencia a supuestos hechos delictivos graves: narcotráfico, comercialización de menores, injerencias sobre la policía y uso de fondos municipales.
“La conversación reveló la existencia de vínculos directos entre funcionarios y actores privados en torno a prácticas delictivas de extrema gravedad”, escribió Díaz Vélez en la resolución. “La investigación permitió corroborar un funcionamiento paralelo al institucional, donde las decisiones públicas se entrelazaban con intereses particulares y delictivos”, agregó.
Toda esta situación generó una crisis institucional, que derivó en la intervención del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Alberdi por Decreto del Poder Ejecutivo provincial, a cargo de Osvaldo Jaldo.
La resolución alcanza a seis personas: Luis Campos (ex intendente), Roque Cayetano Giménez (empresario), Sandra Figueroa (ex jefa municipal y actual legisladora), José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda), José Albano Loru (ex concejal) y Pablo Exequiel Barrionuevo: procesado por asociación ilícita.
De este grupo, Giménez permanece detenido con prisión preventiva, mientras que Loru, Barrionuevo y Roldán enfrentan medidas de coerción personal.
“Existen elementos suficientes para sostener que Giménez y Campos integraron un esquema criminal que utilizó la estructura institucional para fines ilícitos”, remarcó el Juez.
El audio expuso no sólo un presunto delito penal, sino también una estructura de poder político local. Giménez, un contratista municipal convertido en empresario, mantenía contratos directos con la intendencia para la ejecución de obras públicas. Campos, intendente desde 2003 en distintos períodos, era señalado por la oposición local por manejar el municipio como un “feudo familiar”. Su esposa, Sandra Figueroa, lo sucedió entre 2015 y 2023, manteniendo a Roldán como secretario de Hacienda.
“Los hechos aquí ventilados demuestran una connivencia sistemática entre funcionarios públicos y particulares con acceso privilegiado a la estructura estatal”, expresó Díaz Vélez.
“Se acreditaron mecanismos de blanqueo de fondos públicos a través de la contratación directa de obras y servicios inexistentes o sobrevaluados”, sostiene el fallo.
Campos y Figueroa, además, registraban un patrimonio vehicular incompatible con sus ingresos declarados. Las pericias patrimoniales y migratorias fueron incorporadas como prueba central.
De acuerdo con la investigación, la organización no sólo manejaba fondos municipales, sino que ejercía influencia sobre la policía local y permitía la venta de estupefacientes en la zona. En el audio, se mencionan apodos y nombres de personas vinculadas con estas actividades, como José Roldán -entonces secretario de Hacienda-, a quien Giménez alude como “quien maneja la venta de menores”. “Las referencias al control sobre fuerzas de seguridad y sobre la vida y la muerte de habitantes del municipio grafican el grado de deterioro institucional existente”, escribió Díaz Vélez.
“No se trata de meros hechos de corrupción administrativa, sino de un esquema delictivo complejo que afectó la seguridad, la paz social y la administración pública”, remarcó. Y luego afirmó: “La difusión del audio no fue un hecho fortuito sino la manifestación visible de una estructura preexistente, articulada y con roles definidos.”
Quiénes son los procesados y qué delitos se les atribuyen
– Luis Armando Campos (ex intendente): procesado por intimidación pública, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.
– Roque Cayetano Giménez (empresario): procesado con prisión preventiva por intimidación pública, instigación a cometer delitos, lavado de activos y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737).
– Sandra Beatriz Figueroa (ex jefa municipal y esposa de Campos. Actual legisladora provincial): procesada por lavado de activos y asociación ilícita.
– José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda): procesado por asociación ilícita y lavado de activos.
– José Albano Loru (ex concejal): procesado por asociación ilícita.
– Pablo Exequiel Barrionuevo: procesado por asociación ilícita.
Con información de Juan Manuel Montero
