“La Policía de Tucumán, por su parte, es percibida como poco confiable, poco profesional y sobornable, con denuncias de maltrato, discriminación y detenciones arbitrarias”, dice parte del informe
Por SIN CODIGO
La inseguridad en Tucumán es mucho más grave de lo que reflejan las estadísticas oficiales. Así lo confirma la Encuesta Provincial de Victimización 2025 (EPV 2025), cuyos resultados dejan al desnudo una verdad incómoda: la mayoría de los delitos no se denuncian porque la ciudadanía no confía en el Estado.
El trabajo fue realizado con el objetivo de conocer y comprender el fenómeno del delito desde la perspectiva de las personas, no solo desde los registros policiales o judiciales. Su utilidad es amplia, tanto para la gestión pública como para la investigación social
La EPV de Tucumán, llevada a cabo durante el 2025 por el Licenciado Facundo Vergara y la Licenciada María José Mazzocato, de la Universidad San Pablo T, aporta información actualizada del estado de situación en materia de seguridad y victimización poblacional.
Además, para identificar continuidades y cambios en los niveles de victimización, en los tipos de delitos más frecuentes, en las percepciones de inseguridad de la población y también para evaluar la evolución de la confianza en las instituciones de seguridad y justicia.
La encuesta, realizada durante 2025 en el Gran San Miguel de Tucumán, revela una realidad alarmante: la mayoría de los delitos que sufren los tucumanos no se denuncian, lo que deja al descubierto una brecha profunda entre la criminalidad real y las estadísticas oficiales.
El estudio revela que dos de cada tres delitos contra las personas nunca llegan a la Justicia, y que casi la mitad de los delitos contra los hogares quedan en el silencio. No se trata de hechos aislados ni de percepciones exageradas: más de la mitad de la población fue víctima directa de algún delito en el último año, y casi ocho de cada diez conocen a alguien de su entorno que también lo fue.
Según el relevamiento, el 57,1% de la población fue víctima de algún delito contra la persona en el último año, mientras que el 31,6% de los hogares sufrió delitos contra la propiedad. Sin embargo, el 66,1% de los delitos contra las personas y el 46,8% de los delitos contra el hogar no fueron denunciados, principalmente por desconfianza en la Justicia, la Policía y el exceso de burocracia.
Entre los delitos más frecuentes aparecen estafas y fraudes, robos en viviendas, hurtos personales, fraudes bancarios y, de manera preocupante, pedidos de coimas por parte de agentes estatales. En los robos con violencia, la mitad de los delincuentes utilizó armas de fuego.
La encuesta también refleja una alta percepción de inseguridad: más de la mitad de los ciudadanos se siente inseguro durante la noche, cuatro de cada diez evitan zonas de su propio barrio y el 56,4% considera a la inseguridad como un problema muy grave.
En cuanto a las instituciones, el diagnóstico es contundente. El 76,5% desconfía del Sistema Judicial, mientras que las políticas del Ministerio de Seguridad son calificadas como poco o nada efectivas por más del 75% de los encuestados. La Policía de Tucumán, por su parte, es percibida como poco confiable, poco profesional y sobornable, con denuncias de maltrato, discriminación y detenciones arbitrarias.
El estudio concluye que la inseguridad no solo se mide en delitos, sino también en la falta de confianza en el Estado, lo que lleva a que la mayoría de las víctimas prefiera callar antes que denunciar. Un dato que interpela a las autoridades y deja una advertencia clara: si no se recupera la credibilidad institucional, la “cifra negra” del delito seguirá creciendo.
La encuesta deja un mensaje claro y contundente: la inseguridad en Tucumán no es solo un problema de delitos, sino de credibilidad institucional. Sin una Justicia confiable, una Policía profesional y políticas de seguridad eficaces, la brecha entre la realidad y el relato oficial seguirá ampliándose. Y en esa brecha, los únicos que pierden son los ciudadanos.
