¿Cuáles serán las duras sanciones?
A través de un decreto, el gobernador Osvaldo Jaldo, decidió iniciar una investigación administrativa para deslindar responsabilidades ante presuntas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada en relación con la percepción ilegítima de los beneficios del programa Nacional Potenciar Trabajo.
Se han detectado preliminarmente 956 presuntos casos de incompatibilidad, abarcando diversas instancias gubernamentales. El Gobierno de Tucumán instruye a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en plazo de 30 días, eleve las conclusiones finales y el eventual capítulo de formación de cargos. Los ministros de Educación y Seguridad tienen la misma instrucción respecto al personal de sus dependencias.
El Decreto también especifica que la eventual aplicación de sanciones puede ir desde un Apercibimiento hasta la Cesantía.
Todo comenzó cuando el fiscal federal Guillermo Marijuan cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias, incluída Tucumán.
