El olor más penetrante, el que no se va ni con perfume importado ni con discursos reciclados, es el de la corrupción estructural que parece atravesar a los tres poderes del Estado
Cada tanto, alguna denuncia grave -una filtración, un audio, una cámara oculta- hace que por unas horas o unos días se hable de escándalos de proporciones mayúsculas. Pero la indignación se disipa rápido. ¿Por qué? Porque los protagonistas suelen ser los mismos: políticos enquistados que manejan a su antojo los hilos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ellos se investigan entre ellos. Ellos se protegen entre ellos.
Mientras tanto, la maquinaria policial -siempre presta cuando el poder necesita mostrar mano dura- se activa con velocidad y efectismo para hacer razias en barrios humildes o arrestar personas con ciertos antecedentes. Pero cuando los supuestos delincuentes son socios del poder, la Justicia parece volverse ciega, sorda y muda.
Esta semana, un nuevo capítulo se sumó al grotesco. Circuló un audio escandaloso entre el intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos, y un empresario local, Roque “Chipi” Giménez. En esa conversación telefónica -cuya veracidad fue reconocida por el propio intendente-, se mencionan temas gravísimos con una liviandad aterradora: tráfico de drogas, venta de niños, control de la policía y hasta muertes.
Que la grabación sea legal o no, es materia de la Justicia. Pero desde el punto de vista ético y político, es inadmisible que Campos siga al frente del Gobierno local (Alberdi). En cualquier democracia seria, ante semejante nivel de sospechas, el apartamiento del cargo debería ser inmediato. La Justicia debe investigar, sí. Pero el poder político debe actuar antes y enviar una señal clara a la sociedad.
Sin embargo, Campos ya avisó -en una charla con periodistas en Casa de Gobierno, este viernes- que no piensa ni renunciar ni pedir licencia. ¿Y el gobernador? Como ya es costumbre, Osvaldo Jaldo prefiere esperar. Dice que la Justicia debe expedirse sobre la autenticidad del audio. ¿Serán excusas para no “sacrificar” a un compañero?
La inacción no sorprende. En Tucumán, la impunidad -para los “peces gordos”- tiene antecedentes de sobra: desde la “pérdida” de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social, hasta los miles de millones “¿extraviados?” en municipios como Banda del Río Salí, Lules o Monteros, entre otros. Siempre se repite el libreto: esperar, dilatar, archivar, o que caiga un “perejil”. El tiempo es el mejor abogado de los corruptos.
Hay una frase que resume la lógica del sistema: “entre bomberos no se pisan la manguera”. Y en este año electoral, en el que todo parece valer con tal de retener el poder, nadie quiere romper el status quo ni agitar las aguas internas. Porque cuando todos tienen la cola sucia, lo más conveniente es el silencio.
Una vez, un veterano dirigente tucumano describió con sinceridad brutal cómo se manejan los escándalos en la política tucumana: “Al que mete la pata se le aconseja que ‘se guarde’ un tiempo, no hable, no se muestre. Con los días, otro escándalo más reciente borra al anterior y la gente se olvida”. Así de cínico. Así de real.
Pero en medio de esta podredumbre institucional, hay algo que empieza a cambiar: los escándalos ya no se pueden tapar con tanta facilidad. La gente se entera, habla, repite, conecta puntos. Y empieza a identificar a los verdaderos responsables. El castigo en las urnas puede estar más cerca de lo que creen.
Quizás algún día -más pronto que tarde-, cuando cambie el signo político del Gobierno provincial, la Justicia comience a funcionar como debe. Mientras tanto, nos preguntamos: ¿Actuará la Justicia con la misma celeridad con la que encarcelaron al abogado Gustavo Morales? A él, en tiempo récord, le dieron prisión preventiva y lo mandaron directo a la cárcel de Benjamín Paz, no a su casa, como ocurre con tantos tucumanos poderosos incluso con condena firme.
El gobernador Jaldo tiene la oportunidad de mostrar que todavía se puede confiar en la política tucumana. Veremos si decide honrar esa responsabilidad.
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