La Justicia ordenó una serie de medidas en contra el productor
Juan Zamora habría utilizado mano especializada para apoderarse del agua que se tomaba del Río Las Cañas para abastecer a la cisterna de Lomas de Imbaud, y llevarla a una laguna artificial (presenta una superficie aproximada de 8.900 metros cuadrados y una profundidad de seis metros, lo que arrojaría una capacidad de reserva de agua de 53.400 metros cúbicos) que tiene en una propiedad que está a su nombre. Ese hecho, presumiblemente delictivo, ocasionó la falta de agua de uso domiciliario en una basta zona del municipio de Yerba Buena -Tucumán-.
El gobernador Osvaldo Jaldo anticipó que la Provincia se presentó como querellante en la causa por la que se investiga el robo de agua en Yerba Buena.
Desde el Gobierno provincial afirman que quieren llegar al fondo de la cuestión y que la investigación judicial se profundice, en caso de ser necesario. “El Estado provincial está plenamente comprometido a actuar en defensa de los derechos de la ciudadanía y en protección del medio ambiente, asegurando que se tomen las medidas necesarias para restablecer el orden y prevenir futuros daños.
Entre otros delitos descriptos en la presentación -que se imputan a Zamora-, además del desvío y robo de agua, figuran aquellos contra la seguridad del servicio público, de estrago público, violación de la Ley General del Ambiente, responsabilidad por daño ambiental.
El Ejecutivo de Tucumán, también peticiona que se identifique y se cite a declarar a las personas involucradas en los actos delictivos, que se tomen las medidas necesarias para la restauración del curso de agua y la protección de los derechos de los ciudadanos afectados y que se considere la afectación ambiental y se evalúe la posibilidad de restaurar el daño causado.
Este martes se realizó (vía plataforma de videoconferencias Zoom) la audiencia de formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao.
La UFI detalló la acusación contra Juan Zamora, titular de la finca en cuestión (actualmente se encuentra en Roma, Italia), solicitando como medidas de coerción que se fije una caución por $100 millones, que ponga a disposición ante la UFI su pasaporte en un plazo de 10 días, ante los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El Juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a lo solicitado por el MPF, y en consecuencia imponer al acusado las medidas de coerción de promesa de someterse al procedimiento, la obligación de mantener un domicilio, la obligación de permanecer a disposición del tribunal y de someterse al proceso, concurrir mensualmente a la comisaría más cercana a su domicilio hasta el día 10 de cada mes y la prohibición de salir del país sin autorización por el plazo de seis meses; además de la prestación de una caución por $100 millones.
