El IPACyM denunció penalmente a tres cooperativas por operar con certificados de funcionamiento falsos en la Comuna de San Pablo y Villa Nougués. La medida surge tras una advertencia del Tribunal de Cuentas (TC), que si bien no detectó un perjuicio al erario público, instó a investigar la autenticidad de la documentación, revelando un patrón de certificados apócrifos en otras jurisdicciones
El Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM) detectó un presunto esquema de cooperativas “trucha” que operaban en la Comuna de San Pablo y Villa Nougués.
La denuncia surgió a raíz de una investigación administrativa iniciada por el IPACyM, luego de que el TC alertara sobre serias irregularidades en los certificados de normal funcionamiento presentados por estas entidades.
Las cooperativas señaladas son: Cooperativa de Trabajo Empacadores del Tafí Limitada, Cooperativa de Trabajo Texgra Limitada y Cooperativa de Trabajo San Cayetano de Río Chico Limitada. Según la Resolución N°0540/450 del IPACyM, publicada en el Boletín Oficial, los certificados de normal funcionamiento presentados por estas cooperativas “no son auténticos, ni válidos”.
La investigación se inició a partir del Acuerdo N°1856 del TC en el que se dispuso que el IPACyM “realice la correspondiente investigación administrativa atento a las irregularidades cometidas por las entidades y formule la denuncia pertinente en el Ministerio Público Fiscal de la Provincia”.
Respecto a la Cooperativa de Trabajo Texgra Limitada, con Matrícula Nacional N°49.370 e Inscripción Provincial N°2.810, ya se había iniciado y concluido un Sumario Administrativo, aconsejando el retiro de la autorización para funcionar. En el caso de la Cooperativa de Trabajo Empacadores del Tafí Limitada, con una Matrícula Nacional (52.750) que corresponde a otra entidad y sin datos en los registros del IPACyM, se determinó que no es necesario un sumario administrativo. Finalmente, para la Cooperativa de Trabajo San Cayetano de Río Chico Limitada, el IPACyM ordenó la instrucción de un sumario y la formulación de denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, al igual que para las otras dos entidades.
Lo llamativo es lo señalado por el TC en su Acuerdo 1856, donde da por concluido el Juicio de cuentas en contra del ex comisionado comunal de San Pablo y Villa Nougués, Sergio Castro, y su ex secretario, Miguel Fernández. Estos funcionarios habían contratado los servicios en 2021 de las cooperativas ahora denunciadas.
El TC argumenta que, si bien se observaron los certificados por “falta de Normal Funcionamiento”, esta situación “no constituye causal de daño al erario per se, siempre y cuando se verifique la existencia de una contraprestación por parte de las Cooperativas, por lo que estamos frente a una inobservancia meramente formal, que no resulta conducente a los fines de imponer un cargo fiscal, que importaría un enriquecimiento sin causa a favor del Estado, ante la inexistencia de perjuicio”.
En el Acuerdo agregan: “Al no existir ningún tipo de observación con respecto al servicio contratado, como tampoco en cuanto a la rendición de cuentas del mismo, no nos encontramos ante un posible daño patrimonial a las arcas del estado provincial, competencia exclusiva de este Tribunal de Cuentas”.
Asimismo, el TC, con las firmas de Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, desestimó observaciones relacionadas con la falta de conformidad de sueldos, considerándolas “un mero requisito formal no imputable a los inculpados”.
El TC sí consideró la existencia de “tres Certificados de Normal Funcionamiento, no reconocidos por el Instituto Provincial de Acción de Cooperación Mutual, resultando un instrumento público ‘Apócrifo'”. Por ello, decidió poner en conocimiento al IPACyM “con el objeto de que se realice la correspondiente investigación administrativa atento a las irregularidades advertidas, y formule la denuncia pertinente en el Ministerio Publico Fiscal de la Provincia.”
