Todos los aumentos que se concedieron fueron con promesas de mejoras del servicio público, sin embargo ello nunca sucedió, al contrario, fueron empeorando
Si el servicio público de pasajeros fuera eficiente, limpio, con una frecuencia regular y corta entre una unidad y otra, con aire acondicionado, rampas para discapacitados, seguro, el aumento del boleto sería pagado con gusto. Pero, un servicio asqueroso y deplorable, con una tarifa de las más caras del país, es inadmisible. El viernes pasado, la comisión de Transporte del Concejo Deliberante de San Miguel el Tucumán, comenzó a trabajar el pedido de aumento en la tarifa que había formulado tres días antes la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
Si bien los ediles no resolvieron aún si otorgarán una nueva suba en el boleto (la última actualización data de la primera semana de diciembre, cuando el mínimo pasó de $120 a $230), lo concreto es que dieron un primer paso para determinar si corresponde hacer lugar al reajuste, al enviar un pedido de informes a las áreas pertinentes de la Intendencia para requerir un análisis técnico sobre los costos del servicio de ómnibus.
Aetat ingresó el expediente al Concejo el martes, adjuntando un estudio de costos en el cual se estimó un valor superior a los $840 por viaje; por ello, se requirió un valor de al menos $700, en línea con los parámetros establecidos por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).
La entidad presidida por Daniel Orell sostiene hace tiempo que el sector afronta una crisis de largo arrastre. De hecho, la ley de emergencia en transporte, que habilita el aporte de subsidios provinciales a las firmas prestatarias, rige desde 2017. Y a esto se suma el acuerdo reciente celebrado con el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien dispuso un “plan de salvataje” durante 90 días, luego de que las compañías implementaran reducciones de servicios en la Capital, y suspensiones y cesantías entre el personal.
