Así lo había anunciado el gobernador Jaldo hace tres días. Habrá un equipo multidisciplinario en el predio, que será independiente de la unidad carcelaria que alberga a mayores
El asesinato del joven Rodrigo Joaquín Ibarra, de 21 años, en Alderetes, Tucumán, marcó un antes y un después en las muertes violentas en manos de menores de edad en la provincia.
Joaquín soñaba con ser ingeniero. Vivía con su mamá, sus abuelos y sus dos hermanas en la ciudad de Banda de Río Salí. Era tío de una nena, de quien también era el padrino. Además, lo rodeaba una banda de amigos con los que se juntaban seguido a jugar a las cartas o con la computadora. Una vida sana.
El lunes 12 de enero, cerca de las 2, le dijo a su mamá que iría a la casa de uno de sus amigos. Siempre se reunían de noche, pero era la primera vez que salía de madrugada. “¡¿A estas horas?!”, le preguntó sorprendida. Luego le dijo que tuviera cuidado.
El joven caminó las 15 cuadras hasta la casa de su amigo, en el Barrio Julio Abraham, de la localidad de Alderetes. Cuando llegó, tocó timbre y esperó a que la abrieran. En ese momento fue sorprendido por dos motochorros. El que iba como acompañante, tapado con una capucha y gorra, bajó y lo encaró armado.
Joaquín levantó sus dos brazos y dejó caer una bolsa blanca de tela donde llevaba una bermuda y una remera. El ladrón la agarró y amagó con volver a subirse a la moto, pero regresó hacia donde estaba el joven, todavía inmóvil por la situación.
En ese momento, el motochorro levantó su brazo, golpeó en la cabeza a Joaquín y le disparó. El joven no tuvo reacción y cayó desplomado. Aunque fue trasladado al Hospital Padilla, murió cerca de las 5 del mismo día.
El hecho quedó registrado en dos cámaras de seguridad de un depósito de una distribuidora, ubicado a metros del lugar de la escena del crimen.
Luego del asalto, los dos motochorros escaparon del lugar, mientras que el personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Este de la Policía de Tucumán montó un operativo cerrojo que permitió detenerlos a las pocas horas.
Los sospechosos tienen 16 y 17 años. Cuando fueron apresados, también quedaron detenidos familiares que intentaron evitar el arresto, precisaron fuentes policiales.
Ese asesinato a sangre fría, con imágenes donde la víctima no puso ninguna resistencia, caló hondo en la sociedad no solo tucumana sino del país.
Una de las leyes que serán tratadas -este año- en el Congreso Nacional es la baja en la edad de imputabilidad. Cada día se observan asesinatos perpetrados por menores de edad -menos de 18 años- que por ley o vuelven a sus casas o quedan en institutos que parecen mas maternales que cárceles. EL gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tomo la decisión que esos menores asesinos ya no vayan al Instituto Roca, donde según manifestó, viven jugando, comiendo y disfrutando sin sentir el rigor de un verdadero encierro. Estableció, en concordancia con el Poder Legislativo y Judicial, sean trasladados a la cárcel de Benjamín Paz a un pabellón separado de los adultos.
En la próxima semana, Jaldo firmará un Decreto estableciendo la creación de esa dependencia. El pabellón reconvertido tendrá una capacidad para albergar a 20 personas.
“Es una discusión nacional el tema de los menores que delinquen. Muchos mayores utilizan a los menores para que cometan los delitos. Como los menores, en tema de juzgamiento, tienen más posibilidades de quedar libres, nosotros estamos trabajando en un proyecto que por ahí a algunos les gustará y a otros no. Pero vamos a avanzar, porque muchas veces son menores cuando se los quiere juzgar, pero para matar no hay edad”, afirmó el gobernador en conferencia de prensa, el miércoles pasado.
A partir del próximo lunes, un equipo interdisciplinario profundizará el análisis para la puesta en marcha de la nueva dependencia. El alojamiento de los menores delincuentes contemplará todas las disposiciones internacionales, nacionales y provinciales de protección personal y de expectativas para su reinserción en la sociedad con otra conducta. La decisión de Jaldo es que la semana que se inicia comience el traslado de menores a este nuevo establecimiento en Benjamín Paz.
El Decreto gubernamental prevé la adecuación de un pabellón de la cárcel de Benjamín Paz para que el alojamiento de esos jóvenes se realice en condiciones de absoluta separación del resto de la población carcelaria, con vigilancia especial, a través de preceptores y cuidadores, pero no agentes penitenciarios. Tendrá cocina propia y consultorios. Asimismo, se establecerá un equipo de médicos, psicólogos y docentes que hará el seguimiento de los alojados. El acceso al predio será especial, sin contacto con el establecimiento penitenciario de mayores.
