Los bloques opositores quieren aprovechar el realineamiento de fuerzas en la Cámara Alta y darle un nuevo golpe al Gobierno
La oposición en el Senado avanzó con un dictamen que propone modificar la Ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave para el Gobierno de Javier Milei.
El proyecto cambia las condiciones de aprobación de los decretos y establece que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -encargada de analizarlos- debe quedar bajo control opositor. Si la iniciativa prospera en el recinto, implicaría un fuerte revés para la Casa Rosada.
El dictamen fue impulsado por la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo (Provincias Unidas), con la intención de unificar los seis proyectos sobre esta materia que tienen estado parlamentario en la Cámara Alta. “La intención es debatir sobre un tema que ha sido recurrente y es de interés de muchos senadores. Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de la separación de poderes y funciones. Estos proyectos expresan la necesidad de ordenar el manejo de este trámite”, sostuvo Vigo al abrir el debate el miércoles pasado.
La propuesta recibió el respaldo de legisladores de distintos bloques: además de Vigo, firmaron Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco (UCR), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán (Unión por la Patria).
Los senadores argumentan que la actual Ley 26.122 -impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner– “ha resultado en la práctica una dificultad para el rol de control que la Constitución asigna al Congreso”. Y agregan: “La fórmula erróneamente adoptada consagra la aprobación tácita o ficta de los decretos por la mera inacción del Congreso”.
Por eso, uno de los cambios centrales establece que los DNU deberán ser tratados por ambas Cámaras en un plazo máximo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Serán aprobados solo si ambas cámaras los ratifican expresamente por mayoría absoluta de los presentes. Si una sola los rechaza o si el plazo vence sin tratamiento, el decreto quedará automáticamente sin efecto.
También se prohíbe al Poder Ejecutivo dictar un nuevo decreto sobre la misma materia durante ese año parlamentario si uno anterior fue rechazado. “Con esta modificación se procura enfatizar la importancia del trabajo parlamentario, debiendo tratarse los decretos remitidos en el plazo fijado”, argumentaron los legisladores.
Actualmente, los DNU tienen vigencia mientras el Congreso no los rechace, sin límite de tiempo para hacerlo. Además, se consideran aprobados si solo una de las cámaras los aprueba, pero para ser rechazados necesitan el voto negativo de ambas. El ejemplo más reciente es el DNU 70/2023 -“Bases para la reconstrucción de la economía argentina”-, que instrumentó una profunda reforma legislativa. Fue rechazado por el Senado, pero Diputados nunca lo trató, por lo que aún se mantiene parcialmente vigente.
La senadora Guadalupe Tagliaferri fue contundente en la comisión: “Con la Ley actual, hecha en el kirchnerismo, es más fácil tener un Decreto que una Ley. El espíritu de la modificación es revertir eso, aunque haya diferencias sobre tiempos y formas de rechazo”.
El proyecto también introduce cambios en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que hoy preside el oficialista Oscar Zago. Se propone que el titular sea siempre un legislador de la oposición, que la presidencia sea alternada entre ambas Cámaras cada año y que los integrantes no puedan ser reelectos luego de dos años en funciones.
