Fue el 30 de diciembre del año pasado, donde el Fiscal General, Diego Velasco, le puso su firma digital a las 62 páginas en las que “formula su denuncia penal”. En Tucumán figuran los municipios de Banda del Río Salí, Monteros, Lules y Famaillá
Velasco es Fiscal General y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). A partir de los informes de inteligencia que fue recibiendo -dice Velasco en su denuncia- advierten “un patrón de conductas en común en el sentido señalado por la Unidad de Información Financiera (UIF)”. El denunciante indica que esas conductas implican que “significativos fondos públicos fueron extraídos en efectivo, sin justificación, de cuentas bancarias de diversas municipalidades de Catamarca, Tucumán y Salta, pudiendo haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones nacionales y provinciales”. Velasco plantea que “el monto total de dinero desviado sería de, aproximadamente, 39.000 millones de pesos. Exactamente señala que son $39.485.000 millones.
El Procurador General Velasco cuenta que, el 2 de octubre, la Procelac recibió el Informe de Inteligencia 501 de la UIF. Fue remitido a través de una nota identificada como UIF 48. “De dicho documento se desprende que se analizó la operatoria de la Municipalidad de Banda del Río Salí (CUIT 30-67526419-4) de la provincia de Tucumán a través de cuentas de su titularidad radicadas en el Banco Macro”. El funcionario agrega que la operatoria consiste en “la extracción de fondos en efectivo mediante cheques ventanilla, la cual habría tenido lugar entre enero 2023 y junio de 2024 e involucró un monto total de 17.000 millones de pesos”. Precisamente indica que fueron 17.256.585.514 pesos.
“La UIF catalogó a las operatorias como sospechosas en los términos de la Ley 25.246 de lavado de activos de origen delictivo, concluyendo que el significativo flujo de fondos públicos extraído en efectivo, realizado sin justificación económica, pudo haber sido utilizado, al menos, en parte, para fines electorales”. Velasco es prudente en sus definiciones pero en el desarrollo del expediente sobre las operaciones da nombres y apellidos.
Dice que el 16 de mayo de 2023, el intendente de Banda del Río Salí, Jorge Darío Monteros, justificó las extracciones en efectivo manifestando que estaban vinculadas al pago de haberes del personal no bancarizado. Velasco aclara que “tales argumentaciones carecían de justificación teniendo en consideración que como consecuencia de dicha informalidad y la falta de documentación que justifique las referidas operaciones, no era posible determinar qué tipo de servicios brindaba el personal, si efectivamente fueron realizados y que, por ello, no era posible establecer la trazabilidad de los fondos extraídos en efectivo”.
El funcionario de la Procelac indica en su denuncia que “es llamativa la cantidad de operaciones concertadas en un mismo día”. Cita como ejemplo el 10 de mayo de 2023, día en el que se habrían efectuado 11 operaciones por $30 millones cada una y una operación por $10 millones. Es decir se hizo en un día la extracción de 340 millones de pesos por ventanilla.
Otros Casos: Famaillá, Monteros y Lules
A partir del informe de inteligencia 502 que fue remitido por la nota 49 de la UIF, en este documento se analizan movimientos análogos con extracción de fondos por cheques ventanilla pero por un monto total de 11.000 millones de pesos (precisamente, $11.449.650.000) en el Municipio de Famaillá. Entre las personas citadas por el procurador general figuran Juan Enrique Orellana y su hermano mellizo José Fernando Orellana.
El Caso Coirón 219.324, es sobre el movimiento de fondos, también de cuentas del Banco Macro, con extracción de efectivo mediante la presentación de cheques en ventanilla entre marzo y octubre de 2023. En este caso es por un monto de 3.900 millones de pesos (exactamente $3.923.287.500,50) con operaciones llevadas a cabo por la Municipalidad de Monteros. Velasco señala entre los firmantes de esos instrumentos al ex intendente Francisco Serra, entre varios otros.
El cuarto caso que investiga, y denuncia la Procelac, es el que lleva por número de identificación el 219.333. Este corresponde a la Municipalidad de Lules y es por un total de $5.822.917.613,81. Destaca Velasco que entre los apoderados de la intendencia durante el período investigado que registrarían vinculaciones con las operaciones está el ex intendente Carlos Gallia.
En cada uno de los casos Coirón a los que apuntó Velasco aparecen varios nombres más que, en su mayoría, son tesoreros y otros habilitados de los municipios involucrados en estos casos. Varios son parientes de los intendentes con diferentes grados de vinculación.
En la página 40 del expediente se señala que “de los informes de inteligencia recibidos y de las diligencias llevadas a cabo se advierten conductas que podrían ser contrarias al ordenamiento jurídico”. Indica que la UIF especificó que los significativos fondos públicos extraídos en efectivo de las cuentas bancarias de las Municipalidades podrían haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones provinciales y -nacionales”. Además de los municipios tucumanos han sido denunciados los catamarqueños de Belén, Icaño y Corral Quemado, como así también San Carlos, de Salta.
Antes de pedir citaciones y detallar los delitos en los que podrían haber incurrido precisa que entre los ocho municipios del NOA recibieron -o al menos declararon un total de 875 millones de pesos en 2023, una cifra irrisoria respecto a estos movimientos que implican 39.000 millones de pesos.
Con información de Federico van Mameren, La Gaceta
