La cooperativa acumulaba más de 400 pedidos de quiebra y llega a esta instancia tras años de deterioro, caída en la producción y un proceso de reestructuración sin resultados
La cooperativa SanCor solicitó su propia quiebra ante la Justicia, en un paso que confirma el deterioro de su situación financiera tras meses de tensiones con acreedores y una operación cada vez más reducida.
La empresa, que se encontraba en concurso preventivo desde febrero del año pasado, acumulaba más de 400 pedidos de quiebra, en un escenario de insolvencia. El proceso se tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Santa Fe, donde la compañía había intentado reordenar sus pasivos sin éxito.
SanCor atravesó una profunda crisis en 2017, tras lo que la cooperativa inició un proceso de reestructuración. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas, para estabilización su situación.
De hecho, la cooperativa marcó como punto de inflexión la caída del fideicomiso financiero público-privado, que en 2021 sonaba fuerte e incluía la participación de reconocidos empresarios argentinos para impulsar su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la láctea.
En esa oportunidad, con una inyección de USD 60 millones, Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond; y José Urtubey, hermano del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y ex accionista de Celulosa Argentina, pretendían hacerse cargo de la administración de SanCor, con el apoyo del Gobierno y Atilra, el sindicato lácteo, pero finalmente dieron un paso al costado.
Así, en 2019, los problemas de la láctea se profundizaron y SanCor empezó a procesar menos materia prima, enfrentó una fuerte caída de ventas y un deterioro financiero que se profundizó año tras año. La cooperativa, que llegó a procesar más de 4 millones de litros de leche diarios en sus tiempos de mayor expansión, hoy procesa menos de 500.000 litros.
Entró en un ciclo de retracción productiva que la obligó a desarmar parte de su estructura. De hecho, de las 14 plantas industriales que supo operar, hoy solo quedan seis, luego del cierre definitivo de una de ellas en 2024.
A esto se le suma que, a fines del año pasado, la Justicia ordenó una intervención parcial en la láctea por incumplimientos clave. La decisión, adoptada por el Juez Civil y Comercial Marcelo Germán Gelcich, buscó reforzar los mecanismos de control sobre la gestión de la empresa ante reiterados incumplimientos laborales, previsionales y contables.
En aquel entonces, la empresa no había entregado documentación vinculada al funcionamiento de sus plantas, contratos con terceros, niveles de producción ni al destino de los fondos que percibe, incumpliendo el deber de colaboración establecido en la Ley de Concursos y Quiebras.
En este contexto, algunos de los potenciales interesados que siguen de cerca su evolución ven en la quiebra una condición previa para avanzar. Ese escenario les permitiría acceder a los activos de la empresa sin asumir el peso de su abultado pasivo, que incluye deudas, litigios y compromisos acumulados.
