Récord: el Gobierno denegó el acceso y expulsó a 5.000 extranjeros en los últimos dos meses

Fue tras reforzar los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enero “casi 5000 personas no pudieron ingresar al país o fueron expulsadas”. La ministra, Alejandra Monteoliva, atribuyó esa cifra al refuerzo de controles en aeropuertos, puertos y corredores fronterizos.

“En estos dos meses tuvimos récord histórico de expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados. Diciembre, 2.400 extranjeros y lo que va de enero, 2.300”, afirmó la funcionaria en un video difundido por la cartera a través de redes sociales. También señaló que la política se basa en un criterio central: “los extranjeros que tengan antecedentes, que cometieron delitos o que intenten entrar de manera ilegal “quedan afuera”.

En paralelo, la Policía Federal Argentina (PFA) informó que realizó un operativo en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, donde detectó a 16 ciudadanos extranjeros que residían en forma irregular en el país. El procedimiento, a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y de la Comisaría de Asuntos Migratorios, se llevó adelante a requerimiento de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Durante la inspección, los efectivos identificaron a 458 personas; 369 eran extranjeras. El control incluyó la utilización del dispositivo biométrico Morpho RAPID ID y consultas en las bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, de Migraciones y del sistema SASI. Como consecuencia, se labraron actas de Declaración Migratoria y otras tres contra responsables de comercios que tenían empleados en situación irregular.

Por su metodología, el operativo guarda similitudes con los procedimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, conocido por realizar redadas en comercios y espacios públicos para detectar a personas en infracción a la normativa migratoria. Sin embargo, en este caso, las actuaciones se limitaron a intimar a los extranjeros a regularizar su situación y no incluyeron expulsiones como resultado directo del procedimiento.

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