¿Qué esconden?: la UBA irá a la Justicia para intentar frenar la auditoría del Gobierno

El rector de la Universidad de Buenos Aires encabezó una conferencia de prensa donde dijo que la medida es en rechazo al “intento de intervención”

El pasado 15 de octubre, el Ministerio de Capital Humano anunció que la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, había firmado un dictamen que habilitaba a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a realizar controles sobre las altas casas de estudios.

Si bien el texto expresaba que esto no atentaría contra la independencia administrativa y financiera de las universidades de gestión Estatal, como lo establece la Constitución Nacional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que iniciará acciones legales contra la medida, en rechazo al “intento de intervención” por parte del Ejecutivo. La Ley de Educación Superior (24.521) establece que las universidades nacionales tienen autarquía económico-financiera.

Así lo anunció esta mañana el Rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en compañía del vicerrector, Emiliano Yacobitti, y de los decanos de la universidad. La conferencia de prensa se hizo en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de “aclarar, una vez más, distintas situaciones sobre las auditorías, en relación con el intento de intervención de la SIGEN”.

La UBA también informó que realizará una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno y manifestó ser uno de los entes más auditados del sector público.

Queremos ser auditados todo lo que sea necesario, pero dentro del marco de las leyes e instituciones. Por eso decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida el procedimiento dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no corresponde, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, dijeron.

“Nosotros no queremos intervenir a las universidades, queremos tener un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos. En la Argentina, siete de cada 10 niños son pobres. Esos chicos están recibiendo menos asistencia por las universidades. Entonces, queremos saber qué están haciendo con esa plata”, declaró el Presidente Milei.

Según la legislación previa al dictamen, estas instituciones deben ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano dependiente del Congreso nacional. Los organismos a auditar los define la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual está formada tanto por diputados como por senadores, y la selección debe ser luego aprobada por el propio Congreso.

Por esto mismo, en respuesta a la decisión del Gobierno, la UBA señaló la falta de competencia de la SIGEN para llevar a cabo dichos controles: “El artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”. También manifestaron que existe un intento de controlar la “libertad académica”.

Lo cierto es que las universidades deben ser auditadas. ¿Por quién?, debería definirlo la Justicia.

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