Desde la Casa Rosada aseguraron que sospechan de venta de información por parte de empleados del Estado
La Procuración del Tesoro Nacional (PTN), el organismo que nuclea a los abogados del Estado, anunció una fuerte reestructuración que incluyó el despido de más de 60 funcionarios y la reducción de áreas técnicas.
La decisión se da luego de que la Casa Rosada descubriera filtraciones y dejara trascender fuertes sospechas de venta de información de empleados del Estado en el marco del Juicio por la expropiación de YPF que se cursa en Estados Unidos.
El organismo no hizo ninguna referencia a esos hechos en el comunicado en el que anunció los cambios. Sí, habló de que se eliminaron “lujos jerárquicos”.
“La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”, destacó el organismo que preside Santiago Castro Videla.
Sobre cómo seguirá funcionando de manera operativa el cuerpo de abogados del Estado, se explicó que se mantendrán mediante la reasignación interna de funciones que anteriormente eran tercerizadas. E hicieron referencia a que eso “refleja una gestión más austera y autosuficiente, abocada a sus competencias concretas y sin lujos jerárquicos”.
Esta tarde trascendió en la Rosada que, en las últimas semanas hubo preocupación en las filas de la Procuración por diferentes asuntos relativos a la estrategia judicial que se revelaban sin haber sido autorizadas por los altos mandos del organismo, que no se caracteriza por ese tipo de manejos, ya que puede comprometer el normal desenvolvimiento de la posición argentina en ciertos litigios de alta sensibilidad.
Aunque la venta de información habría sucedido, en el Gobierno optaron por no ratificarlo en público debido a que eso implicaría generar mayor ruido a todo el proceso. Tampoco se detalló qué tipo de archivos o datos se habrían filtrado, pero se cree que podrían haber terminado en las oficinas de los beneficiarios de la demanda.
“El Procurador Castro Videla está haciendo una purga, estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”, había asegurado esta tarde en el Gobierno.
