Reglamentó aspectos de la Ley N° 27.275 para establecer límites a datos privados de los funcionarios públicos
La Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública fue dictada en septiembre de 2016, a iniciativa de numerosas organizaciones de la sociedad civil, con el respaldo del Gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de esta norma es garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado. Una Ley que es negada en Tucumán, a pesar de las promesas de las autoridades de reglamentarla.
El Gobierno nacional dictó este lunes un Decreto para restringir el acceso a información pública, especialmente cuando se trate de “datos privados” de los funcionarios o pueda causar “daños y perjuicios” a las personas.
Este criterio restrictivo del concepto de qué es información pública ya se aplicó cuando el Gobierno se negó a brindar información sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque aseguró que eran cuestiones vinculadas con el “ámbito privado” del Presidente de la Nación.
El Gobierno podrá negar el acceso cuando el conocimiento de esa información pública pueda causar “daños y perjuicios” a las personas, haya “ausencia de interés público” o se constituya en un “abuso del derecho”, según figura en el Decreto 780/24 que publicó este lunes el Ejecutivo en el Boletín Oficial.
Además, restringe la difusión de “deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares” sobre un acto de gobierno.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que introdujo el gobierno con el nuevo decreto y advirtió que “implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.
Y agregó: “Esta nueva norma olvida que el principio jurídico fundamental que sostiene este derecho es que la información se presume pública y el secreto es la excepción. Por eso, este decreto y su contenido no son el camino. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción”.
