La Fiscalía solicitó esa pena por defraudación al Estado en el financiamiento de la telenovela. También reclamó la condena de Julio De Vido y del exrector de la UNSAM, Carlos Ruta. Pidió que los acusados devuelvan 3,1 millones de dólares al Estado
La Fiscal Federal Fabiana León solicitó esta condena en el Juicio Oral y Público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7, al considerar a la intérprete como “partícipe necesaria” de una maniobra de defraudación contra la administración pública.
El alegato de la fiscal apuntó también contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien responsabilizó como autor de la defraudación y para quien pidió cuatro años y medio de cárcel, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Asimismo, reclamó cuatro años de prisión para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, también como “partícipe necesario” del fraude.
La acusación incluyó a otros procesados en la misma causa: Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM; y los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada. Para todos ellos, la fiscal solicitó condenas y la restitución solidaria al Estado de US$ 3.126.000.
Mamá Corazón nunca llegó a emitirse. Sin embargo, la productora de Del Boca habría cobrado el 76% del contrato, mientras que otras producciones que estaban bajo los mismos convenios apenas habrían recibido un 7%.
En total, estaba previsto que la serie implicara un desembolso de $36,58 millones, con un 10% de ganancia adicional para la productora, más la exclusividad de la comercialización internacional.
El contrato fue suspendido tras el cambio de gobierno en 2015, cuando la gestión de Mauricio Macri frenó el financiamiento.
La Cámara Federal confirmó luego los procesamientos y embargos dispuestos por Ramos. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia remarcaron que lo cuestionable no fue el convenio con la UNSAM en sí mismo, sino la “desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir controles con miras al desvío de fondos públicos”.
Desde el inicio de la causa, la defensa de Andrea del Boca negó la existencia de un delito, que no hubo ni sobrefacturación ni perjuicio económico. Tras el alegato de la fiscal, será ahora el Tribunal Oral Federal N°7 el que deba dictar sentencia.
