Marcelo “Pichón” Segura, imputado por lesiones graves agravadas por alevosía tras el violento cabezazo al diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza), aceptó este viernes una condena de tres años de prisión de ejecución condicional en el marco de un juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y su defensa. Ahora, será el juez Raúl Robín Márquez quien deberá decidir si homologa o rechaza el acuerdo alcanzado por las partes.
La audiencia se realizó de manera virtual debido a que Segura permanece bajo arresto domiciliario por razones de salud. Durante la exposición, el acusado reconoció el hecho y manifestó su conformidad con la pena propuesta. “Estoy de acuerdo con la pena. Es mi voluntad. Y reconozco el hecho”, expresó ante el magistrado.
La resolución judicial se conocería entre el martes y el miércoles de la próxima semana y podría marcar el cierre de una causa que generó fuerte repercusión pública desde el episodio ocurrido el 11 de marzo en La Madrid.
Ese día, Pelli había llegado a la localidad junto a dirigentes libertarios para entregar donaciones destinadas a vecinos afectados por las tormentas. En medio de la actividad, Segura le propinó un cabezazo que le provocó severas fracturas faciales. La agresión quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.
Como consecuencia de las lesiones, el diputado debió ser sometido a una cirugía y tiene programada una nueva intervención para el próximo mes.
En la audiencia, la auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi, integrante de la Unidad Fiscal de Homicidios, detalló las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas testimonios, informes médicos y las imágenes del ataque. Según explicó, el acuerdo no se sustenta únicamente en la confesión del acusado, sino en “un cuadro probatorio serio y suficiente” que permite acreditar tanto la materialidad del hecho como la autoría.
El MPF también valoró que Segura no posee antecedentes penales computables. Aunque se mencionó una antigua causa por tenencia de arma de guerra iniciada en 1996, la defensa aclaró que el expediente se encuentra prescripto y archivado.
Además de la pena condicional, el acuerdo establece una serie de reglas de conducta obligatorias para el imputado: prohibición de acercamiento y contacto con Pelli en un radio de 300 metros, fijación de domicilio, impedimento de asistir a lugares donde pudiera coincidir con la víctima, abstención del consumo de alcohol y estupefacientes, prohibición de portar armas y la realización de tratamiento psicológico para el control de la ira.
La querella, representada por el abogado Juan Colombres Garmendia, rechazó el acuerdo y cuestionó distintos aspectos del proceso. Entre sus críticas, señaló que no se realizó una junta médica para determinar con precisión la gravedad de las lesiones sufridas por Pelli y objetó el otorgamiento del arresto domiciliario al acusado.
Por su parte, el diputado expresó su disconformidad con el accionar del Ministerio Público Fiscal y aseguró que dejó de sentirse representado como víctima poco después del inicio de la causa. “Se me denegaron todos los pedidos que hice estos meses”, sostuvo durante su intervención.
Tras escuchar a las partes, el juez Robín Márquez informó que tomará un plazo de 48 horas para analizar el acuerdo antes de dictar sentencia. La decisión final definirá si Segura recupera la libertad bajo cumplimiento de condiciones o si el juicio abreviado es rechazado.
