Dos escritos firmados por José Ignacio Florentín Bobadilla, con el patrocinio de María Florencia Abdala y Camilo Atim, abrieron una ofensiva sin precedentes contra el diputado nacional y jefe de La Bancaria: uno ante el Juzgado Federal por trata de personas con fines de explotación sexual y otro ante la Unidad Fiscal Regional, por asociación ilícita, falso testimonio, estafa procesal y otros delitos
Un escrito presentado ante el Juzgado Federal solicita la detención y el desafuero del diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros (PJ), en el marco de una causa que investiga presuntos delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual.
La presentación fue realizada por José Ignacio Florentín Bobadilla, con patrocinio letrado, y reclama que se disponga la inmediata detención del legislador y se active el mecanismo constitucional de desafuero previsto en el Artículo 70 de la Constitución Nacional y la Ley 25.320.
Los argumentos del pedido
En el escrito judicial se sostiene que existirían “elementos de convicción suficientes” que vincularían al diputado con hechos investigados en una causa paralela tramitada en la Justicia provincial de Tucumán, caratulada como abuso sexual agravado.
Entre los puntos mencionados, se hace referencia a declaraciones testimoniales que indicarían que el legislador habría tenido injerencia en decisiones vinculadas a la estrategia mediática y judicial del caso. También, se menciona la supuesta intervención de personas de su entorno en la obtención de registros fílmicos de un hotel y en situaciones relacionadas con dispositivos telefónicos.
El documento judicial, además, plantea la existencia de riesgo procesal, al sostener que, por su posición y recursos económicos, el diputado podría entorpecer la investigación o sustraerse de la acción de la Justicia.
El pedido de desafuero
El escrito solicita expresamente que se requiera a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador, argumentando que la inmunidad parlamentaria no debe interpretarse como un privilegio personal sino como una garantía funcional. Según la presentación, la gravedad de los hechos investigados justificaría la adopción de medidas de coerción personal que hoy se encuentran limitadas por la inmunidad de arresto.
Instancia procesal
Hasta el momento, se trata de un pedido formal presentado ante la Justicia Federal. Será el Juez interviniente quien deberá evaluar la admisibilidad de la solicitud y determinar los pasos procesales a seguir.
Cabe recordar que el desafuero de un diputado nacional requiere la intervención y votación de la Cámara de Diputados de la Nación.
