Este jueves la Argentina vuelve a paralizarse, no por decisión ciudadana sino por el antojo de un gremialismo salvaje que solo defiende sus cajas, no a los trabajadores
Por SIN CODIGO
Otra vez un paro general. Otra vez millones de trabajadores que quieren cumplir con su jornada deberán hacer malabares para llegar a sus empleos. Otra vez comercios cerrados o abiertos pero con miedo a ser atacados por los sindicatos. Otra vez turnos suspendidos, producción frenada. Y otra vez la misma pregunta: ¿hasta cuándo los argentinos que trabajan y producen serán rehenes de un gremialismo ideologizado?
Mientras un grupo de sindicalistas que llevan 30 o 40 años manejando estructuras millonarias decide “parar el país”, el pequeño, mediano o gran comerciante tiene que hacer malabares para abrir su negocio. El monotributista pierde un día de facturación que nadie le devuelve. El empleado privado debe caminar kilómetros o pagar una fortuna en taxi o aplicaciones para no perder el presentismo.
Cada paro general no es gratis. Se estima que una jornada de paralización nacional puede costarle al país alrededor de 500 millones de dólares. En una Argentina que necesita cada inversión, cada exportación y cada peso para estabilizarse, la pregunta es inevitable: ¿a quién beneficia realmente esta medida?
A lo largo de cuatro décadas quedó demostrado que los paros generales no solucionan los problemas estructurales de la Argentina. No generan empleo. No mejoran la productividad. No atraen inversiones. En muchos casos, solo profundizan la grieta y afectan, paradójicamente, a quienes dicen defender: la clase trabajadora.
Desde 2011 prácticamente no se genera empleo privado formal en el país. Lo que sí creció fue el empleo público y los planes sociales, financiados con los impuestos que paga el sector productivo. Sin embargo, cada intento de modernización laboral o reforma estructural encuentra una resistencia automática de los sectores sindicales más duros. Hasta ahora, porque ya perdieron fuerzas y credibilidad.
El argumento suele ser la defensa de los derechos. Pero en el fondo, muchos argentinos perciben otra cosa: la defensa de las “cajas” y del poder acumulado durante décadas. Un poder que, históricamente, tuvo fuerte anclaje en el peronismo y que condicionó durante años el funcionamiento del Congreso, especialmente el Senado. Ya no más.
No todos dentro del peronismo piensan igual. El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, fue claro al expresar su desacuerdo con los paros generales. “Después del paro, ¿qué? Mañana seguimos iguales”, señaló, y reconoció que el país atraviesa un momento demasiado delicado como para perder cifras millonarias por una medida de fuerza.
Hay, además, una diferencia evidente que genera malestar social. El empleado público cobra su sueldo completo aunque haya paro. Pero el trabajador privado, el pequeño empresario y el monotributista sienten el impacto directo e inmediato. Esta semana, con dos feriados y ahora un paro, muchos apenas tendrán dos días hábiles para generar ingresos. Así es imposible planificar, invertir o crecer.
En un país donde una mayoría votó para cambiar el rumbo económico y político, la reiteración de paros generales es leída por amplios sectores como una resistencia ideológica más que como un reclamo puntual. La consecuencia política puede ser inversa a la buscada: lejos de debilitar al oficialismo, muchos sostienen que estas medidas terminan fortaleciendo a espacios como La Libertad Avanza, que capitalizan el hartazgo frente a lo que denominan “la casta”.
La Argentina necesita discutir cómo generar trabajo genuino, cómo aumentar la productividad y cómo integrarse al mundo. Necesita reglas claras y previsibilidad. Necesita que el conflicto no sea la única herramienta política.
La mayoría de los argentinos quiere trabajar, progresar y vivir en paz. Quiere que el esfuerzo tenga recompensa. Si el camino hacia adelante es con más empleo privado y más inversión, paralizar el país no parece ser la respuesta.
El debate es legítimo. La protesta es un derecho. Pero también lo es el derecho a trabajar.
Y esa tensión, cada vez más evidente, marcará buena parte del rumbo político de los próximos años.
