La provincia se queda sin el centro multimodal de carga por un litigio judicial con el empresario Emilio Luque, que le podría costar al Ejecutivo más de $5.500 millones
A través del Decreto 564/1, el Poder Ejecutivo autorizó a la Fiscalía de Estado a desistir del proceso de expropiación de un predio en Cevil Pozo, argumentando la falta de disponibilidad financiera para concretar la obra y el riesgo de afrontar una indemnización millonaria que comprometería las arcas públicas.
Tucumán queda expuesta a una verdad incómoda: mientras otras provincias crecen, planifican y atraen desarrollo, la provincia sigue atrapada en la política del anuncio fácil y la ejecución imposible.
La decisión del Gobierno provincial de desistir de la expropiación de los terrenos en Cevil Pozo para el Centro Multimodal de Cargas confirma la caída de un proyecto que durante años fue vendido como una obra clave para el futuro logístico y productivo de la provincia. El Ejecutivo argumentó que continuar con el litigio judicial podría costarle al Estado más de $5.500 millones y que no existen fondos para concretar la obra.
El proyecto, impulsado originalmente en 2014, contemplaba la creación de un polo logístico de 120 hectáreas con conexión terrestre, ferroviaria y aérea, pensado para convertir a Tucumán en un nodo estratégico del NOA. Pero después de más de una década, lo único que quedó fue otro sueño frustrado.
Lo más grave no es solamente perder esta obra. Lo más grave es que Tucumán naturalizó que los grandes proyectos nunca se concreten.
Mientras provincias vecinas avanzan con parques industriales, infraestructura vial, logística y atracción de capitales privados, Tucumán continúa espantando inversiones con inseguridad jurídica, burocracia, falta de planificación y una dirigencia política más preocupada por la coyuntura electoral que por diseñar una provincia competitiva a 20 años.
El caso del centro multimodal no es una excepción: es el síntoma de una enfermedad estructural. Porque una provincia que no invierte en infraestructura no genera desarrollo.
Una provincia que no mejora su logística no atrae empresas. Y una provincia que no ofrece previsibilidad termina expulsando oportunidades.
Tucumán necesita dejar de administrar la decadencia y empezar a pensar en grande. Pero para eso hace falta algo que viene faltando hace décadas: dirigencia con visión estratégica, continuidad institucional y capacidad de ejecutar.
Hoy el centro multimodal quedó en la nada. Mañana será otra obra. Y pasado, otra oportunidad perdida.
Porque en Tucumán el problema ya no es que falten proyectos. El problema es que sobran anuncios y faltan resultados.
Una expropiación con pérdidas para el empresario y para el Estado
El Estado tucumano decidió poner fin a un extenso pleito judicial contra el empresario Emilio Salvador Luque por la expropiación de un terreno destinado a la instalación de un Centro de Transferencia Multimodal de Cargas. La medida se fundamenta en que, de persistir con el litigio, la provincia podría verse obligada a afrontar la millonaria suma de $5.500.742.209,35, según las estimaciones de la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado. Ante este escenario, el gobierno de Osvaldo Jaldo se excusó de no poseer los fondos necesarios para avanzar con la infraestructura, señalando que la mencionada obra no se encuentra prevista ni incluida en la planificación vigente del Ministerio de Obras Públicas.
La expropiación original fue dispuesta mediante la Ley N° 8.691 (y sus ratificatorias), sancionada en junio de 2014 bajo la gestión del entonces gobernador José Alperovich, con el fin de destinar una fracción de aproximadamente 120 hectáreas en Cevil Pozo al mencionado centro logístico dentro del Plan Quinquenal de Obras Públicas. Sin embargo, tras más de una década de trámite, el actual Ejecutivo consideró inviable el proyecto. El decreto, firmado por el gobernador y refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, sostiene con contundencia: “Que la falta de disponibilidad financiera para encarar el proyecto evidencia la imposibilidad de concretar la finalidad que justificó la declaración de utilidad pública y la consecuente expropiación dispuesta por las citadas normas”. En este sentido, el documento advierte que la continuidad del proceso “para obtener la titularidad del bien inmueble cuyo destino no podrá ser concretado, resultaría contrario al uso racional y eficiente de los recursos públicos”.
Qué dijo Emilio Luque
El empresario señaló que la falta de ejecución del proyecto generó pérdidas económicas significativas, vinculadas principalmente a la imposibilidad de explotar esas tierras durante años. “Hemos perdido de aprovechar seis años de cosecha de caña”, indicó.
En ese marco, cuestionó el accionar del Estado y la demora en resolver la situación. “Si hay una expropiación se la tienen que pagar. Acá han venido dilatando con distintas excusas”, sostuvo, y agregó: “Cuando el gobierno tiene que pagar, es el peor pagador”.
“Yo consideré que era un proyecto importante para la región, pero cuando se desistió no tuvieron la misma gentileza de devolverlo en tiempo y forma”, expresó Luque.
El empresario también apuntó contra la falta de avances en obras estructurales en la provincia. “Tucumán está muy postergado y no es este gobierno, venimos de varios que están dejando mucho que desear”, afirmó.
Finalmente, reclamó una mayor articulación entre el sector público y privado. “Que empecemos a trabajar mancomunadamente entre el Estado y las empresas, que no siempre se culpe a las empresas”, concluyó.
