Rodolfo Aguiar, titular del gremio estatal, participó de otra protesta en Rosario, junto a otros gremios en rechazo al proyecto de modernización laboral. “Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse”, sostuvo
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) movilizó, este martes en Rosario, junto a más de 100 organizaciones gremiales de todas las centrales obreras para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La protesta tuvo como objetivo exigirle a los gobernadores provinciales y sus senadores que se opongan a la iniciativa que se debatirá en sesión este miércoles en la Cámara Alta.
Mientras el Gobierno cerró toda vía de diálogo con los sectores más opositores, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, dio un fuerte mensaje de advertencia a los mandatarios dialoguistas. “Los gobernadores que avalen esta reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte, y la sentencia de muerte de su provincia”, apuntó.
El gremialista, uno de los más confrontativos con la Casa Rosada, afirmó días atrás que el proyecto contempla una rebaja en el impuesto a las ganancias para las grandes empresas, financiada con el 60% de los fondos coparticipables destinados a las provincias. Según su análisis, esta medida pondría en riesgo “todos los derechos laborales que conocemos” e instó a los gobernadores a “defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios”.
“Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse. Por eso es un error grave prohibirles mañana miércoles 11, que movilicen al Congreso que ejerzan el derecho de huelga a los trabajadores. Es una oportunidad perdida”, lamentó, en un video compartido por redes sociales.
El gremio ATE advirtió que el capítulo fiscal de la reforma impactará directamente en las provincias. Estiman que la reducción de las alícuotas de Ganancias para grandes empresas representará 1,9 billones de pesos menos en recaudación anual, de los cuales $1,12 billones corresponderían a provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y $790.000 millones al Gobierno nacional.
