Se trata de una asignación económica a los Obispos, que concluyó el 31 de diciembre
El último día de diciembre, la Iglesia dejó de percibir el aporte económico del Estado, que se asignaba mensualmente a los obispos, al concluir el periodo de renuncia progresiva que se había acordado en 2018, durante el gobierno de Macri.
Llegó a su fin el pago de $55.000 al centenar de Arzobispos y Obispos de todo el país, que se dispuso históricamente, en virtud del artículo 2 de la Constitución Nacional, según el cual “el Gobierno Federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano”.
La renuncia comenzó a aplicarse en 2018 en momentos en que algunas voces de la sociedad comenzaban a reclamar la separación entre la Iglesia Católica y el Estado.
Según informó el Episcopado, el próximo paso será la prescindencia de una contribución que perciben los seminaristas diocesanos y el reemplazo de la asignación que se envía a los párrocos de frontera, en concepto de ayuda a la obra solidaria.
El monto global asignado mediante estas ayuda no llegaba al 7% del presupuesto que administra la Iglesia, según algunas estimaciones confiables.
No forman parte de este régimen los aportes que reciben los colegios católicos.
