En las últimas horas, derivó en la detención de nueve sospechosos y 50 allanamientos. Todo comenzó con una autodenuncia presentada por representantes de la compañía de seguridad privada
La empresa de seguridad privada, Securitas, admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como: la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.
Así surge de un expediente, a cargo de la Juez Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y del Fiscal Federal, Fernando Domínguez, que en las últimas horas derivó en la detención de nueve sospechosos, todos ex directivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país.
La investigación, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina, en la que sostuvieron que un grupo de ex directivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, Suecia.
En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”.
“La ‘autodenuncia’ de la empresa refiere que los ‘pagos indebidos’ se hicieron entre 2014 y 2018, pero según la imputación hecha por la Justicia se investigan hechos ocurridos entre 2012 y 2018, período que comprende los últimos tres años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y los primeros dos de la gestión de Mauricio Macri”, afirmaron fuentes judiciales
Caso Policía de Tucumán: “Los denunciantes reseñaron que la investigación interna permitió establecer que durante el período comprendido entre 2016 y 2018 desde la oficina Regional Centro se habrían realizado ‘pagos indebidos’ a miembros de la Policía de la Provincia de Tucumán, a fin de agilizar los procesos de autorización o tener el apoyo en distintos controles, siendo que durante los años 2016 y 2017 el monto de dichos pagos ascendería a un total de 55.600 pesos”.
Con datos de Gabriel Di Nicola, para La Nación
