Son expedientes que se iniciaron en 2010. El Presidente envió los pliegos al Senado, como antes lo hizo con seis marinos
El Presidente Javier Milei solicitó al Senado de la Nación el ascenso de 15 tenientes coroneles. El Gobierno de Cristina Kirchner los había frenado debido al parentesco que tenían con condenados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar. La mayoría de los expedientes, que serán analizados por la Cámara Alta, datan del 2010 y la decisión que tomó el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es que a esos efectivos, que ya están retirados, se les reconozca el grado de Coronel, a partir del 31 de diciembre de 2018.
“Se termina una injusticia. A esos militares los castigaron por considerar que eran culpables de lo que habían hecho sus padres o sus tíos. Decían que no podían ascender porque se criaron en casas de represores, por portación de apellido”, explicaron fuentes oficiales. La crítica apunta a la gestión que, durante el kirchnerismo, ejecutó Nilda Garré, quien le dio intervención a los organismos de Derechos Humanos para que tuvieran la última palabra antes de que se definiera un ascenso a grados superiores.
En un mensaje, fechado el martes pasado, firmado por el Presidente Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, le solicitó al Senado para que, “en cumplimiento del artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional, darle el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior” a los siguientes tenientes coroneles:
Guillermo Alejandro Saá, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Cattáneo, Julio Balloffet, Oscar Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Tagni y Antonio Agustín Duarte.
En el mensaje firmado por Milei y Petri se advierte que “el personal en consideración ha reunido en oportunidad de su propuesta de promoción las condiciones exigidas por la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias”. Es una posición que modifica el anterior criterio que había tenido la gestión del kirchnerismo y que no se modificó durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.
