Sin embargo, la Jueza Karina Andrade liberó a 114 detenidos por los incidentes en el Congreso
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró hoy que más de la mitad de los detenidos por los incidentes en el Congreso tiene graves antecedentes penales. Con tono firme y gesto adusto, el mandatario anticipó que, en conjunto con el Gobierno Nacional, presentará una denuncia judicial, y que hay pruebas para armar una causa “contundente” para que las personas que provocaron destrozos sean juzgadas.
Indicó que los responsables de los disturbios “hacen de la violencia su sistema de vida” y aseguró que estos grupos violentos son “muy organizados para sembrar el caos en la ciudad”.
Liberación de los detenidos en tiempo récord
La Jueza Penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, liberó hoy a las 114 personas que fueron detenidas ayer en el Congreso de la Nación en la marcha de los jubilados, a la que se sumaron barras de clubes de fútbol y militantes políticos. La magistrada argumentó que las fuerzas de seguridad no aportaron la información necesaria sobre los hechos.

“La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a `los hechos del Congreso de la Nación`. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en `flagrancia`, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”, sostuvo la magistrada.
La decisión generó el enojo del Gobierno Nacional. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró esta mañana: “Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”.
De hecho, abundan imágenes en donde se puede ver a manifestantes quemar patrulleros, romper contenedores de basura y arrojar piedras contra la Policía. Estiman que el costo por los destrozos en la zona del Congreso asciende a $414 millones.