La exigencia se presentó cuando han “transcurrido largos y dolorosos 7 años de prisión efectiva y domiciliaria, de estigmatización permanente”. Entre las firmas están Cristina Banegas, Liliana Herrero, Luisa Kuliok, Dolores Sola, Alicia Dujovne Ortiz, Rita Cortese, Rita Segato y Dora Barrancos.Organizaciones del movimiento de mujeres, feministas, de las diversidades, tanto académicas como sociales, políticas, sindicales y de los territorios entregaron un petitorio a las autoridades nacionales, dirigido especialmente al presidente Alberto Fernández para exigir la libertad de la lideresa social Milagro Sala, que lleva ya 7 años de detención.
El pedido se suma al que realizaron referentes de organismos de derechos humanos como Nora Cortiñas, Taty Almeida, Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel, quienes aprovecharon una reunión con el presidente de Brasil Lula Da Silva para volver a insistir con el reclamo de libertad a la dirigente social, que viene siendo objeto de una persecución penal desde inicio de la gestión del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Es hora de que “todas las feministas y no solo las de nuestro país, hagamos esta solicitud para que se encuentre el instituto necesario que dé libertad a Milagro Sala”, sostuvo la investigadora Dora Barrancos, que suscribió el pedido junto a otras personalidades destacadas como Cristina Banegas, Liliana Herrero, Luisa Kuliok, Dolores Sola, Alicia Dujovne Ortiz, Rita Cortese, Rita Segato, Diana Maffia, Marta Rosemberg y Nelly Minyersky, Barrancos destacó la figura simbólica de Milagro y aseguró que el pedido de libertad “enraiza con las tradiciones más singulares de la gesta feminista, que es liberadora, emancipatoria, aseguran que es una presa política.
Es un reclamo planetario pero que “sobre todo nos obliga a las feministas de su propio país”. El nuevo pedido de indulto fue acompañado por más de 1500 firmas de mujeres de diferentes ámbitos de la sociedad, y se basa en razones políticas y jurídicas; humanitarias; en su condición social y de género y en su obra social. En cuanto a las razones políticas y jurídicas, sostiene que la detención de Milagro, luego del acampe pacífico del 16 de enero de 2016, “se prolongó indebidamente con prisiones preventivas abusivas y una serie de nuevas causas judiciales impulsadas por el gobernador Morales”.
Los defensores de la dirigenta social de la Tupac Amaru han denunciado las irregularidades de los procesos judiciales en su contra ante organismos nacionales e internacionales. Ahora el reclamo de los colectivos feministas afirman que ese entramado judicial, que está “claramente vinculado a la enemistad manifiesta” que el gobernador jujeño tiene con la Tupac, es ejemplo del lawfare en la Argentina, “la utilización del poder judicial para perseguir a opositores políticos y sociales”.
