El Gobierno resolvió desfinanciar el Fondo de Integración SocioUrbana (FISU) y reducir el aporte que recibe del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) del 30 al 1%
A través de un comunicado, los sacerdotes de las villas y barrios populares de la Ciudad y Gran Buenos Aires cuestionaron con dureza el recorte al Fondo de Integración SocioUrbana (FISU), la herramienta fiduciaria, estrechamente relacionada con el dirigente social Juan Grabois, utilizada para urbanización de barrios populares. “Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores”, indicaron.
“Bajar el presupuesto del FISU sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”, se añadió en el texto que los curas villeros dieron a conocer a los medios.
“Confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la Integración SocioUrbana sea una realidad cada vez más efectiva”, reclamaron.
A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno avanzó sobre el FISU tras descubrirse que los fondos eran administrados por dirigentes ligados a Grabois. La administración resolvió desfinanciarlo y reducir el aporte que recibe del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) del 30 al 1%.
Durante el Gobierno de Alberto Fernández, la ejecución de este fondo estuvo prácticamente a cargo de Fernanda Ramona Miño, una referente asociada a Grabois. Según denunció el Gobierno tras una auditoría, de las 6517 obras reportadas por el FISU tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto, 5886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación.
