Un Juez solicitó la restitución del inmueble; empleados que fueron desvinculados y gremialistas continúan en el lugar y afirman que no se retirará
La decisión del Juez de Garantías, Esteban Rossignoli, -conocida al caer la noche- establece el “desalojo y lanzamiento del inmueble sito en Almte. Blanco Encalada nro. 3003 de la localidad de Virreyes, partido de San Fernando y su consecuente restitución a favor de sus titulares”. A la vez, pide que no se obstaculice el derecho a huelga.
La orden de desalojo fue solicitada por el Fiscal Marcelo Fuenzalida tras el pedido de la empresa. El Fiscal cuestionó la toma de las instalaciones por parte de los trabajadores, y apuntó contra el titular del SUTNA, Alejandro Crespo, y otros dirigentes y empleados.
Según especificó, Crespo y otros hombres ingresaron a la planta mediante “violencia y en forma clandestina”. Aseguró que “turbaron de la pacífica e ininterrumpida posesión que detentaba sus propietarios”.
Así, los sindicalistas -según el escrito judicial- dañaron el tejido de alambre en el perímetro de seguridad, y rompieron una puerta de acceso “mediante golpes de patadas”. Y recalcó que se “apostaron en la terraza” sin intención de abandonar el lugar.
En una presentación a la Fiscalía, FATE explicó que la decisión de cerrar sus puertas fue notificada a los empleados “por carta documento en la que se les informó que cobrarían sus indemnizaciones tal como la ley establece”.
Según los abogados, la firma había anticipado situaciones de conflicto y, en ese sentido, había dispuesto “personal de seguridad privado en los alrededores de la planta”, con la intención de “asegurar la indemnidad de la planta y evitar destrozos, sin embargo, y pese a los esfuerzos y previsión tomada, la situación comenzó a escalar”.
La empresa aportó el testimonio de Santiago Rubén Ferri, jefe de Relaciones Industriales, quien alertó por potenciales incidentes. “Existen riesgos de que pueda pasar cualquier cosa, en la empresa hay surtidos de combustible (gasoil y fuel oil), materiales de alta combustión y empleados de otras empresas contratistas que ven su seguridad amenazada, ello sumado al daño patrimonial que pueda surgir frente a la violencia desplegada por estas personas”, expuso.
El conflicto parece así extenderse, pese a que el Gobierno ya había dictado antes la conciliación obligatoria. Sin embargo, la audiencia derivó en un cuarto intermedio. Los trabajadores permanecerán en sus puestos de trabajo, según indicó el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo.
