La medida fue oficializada por Decreto en octubre del año pasado, pero se conoció recién a fines de este enero. Los fondos salen del Tesoro provincial y vuelve a poner el foco en el elevado costo del Poder Legislativo provincial
La Legislatura de Tucumán cerró el ejercicio 2025 con una ampliación presupuestaria de $2.500 millones, una decisión que reaviva las críticas sobre el gasto político en la provincia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado más cuestionados por su alto costo operativo.
La ampliación fue autorizada mediante el Decreto N°3097/3 (SH), firmado el 16 de octubre de 2025 por el vicegobernador Miguel Acevedo, cuando se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la norma fue publicada recién el 30 de enero de 2026 en el Boletín Oficial, lo que generó cuestionamientos sobre los tiempos y la transparencia de la decisión.
Según el texto oficial, el incremento presupuestario fue solicitado por la propia Legislatura para “atender las distintas obligaciones hasta la finalización del ejercicio”, y se financió íntegramente con recursos del Tesoro General de la Provincia, a través de partidas reasignadas desde el programa de Erogaciones Varias.
¿En qué se gastarán los $2.500 millones?
El refuerzo presupuestario se distribuyó principalmente en tres grandes partidas:
• $1.200 millones bajo el concepto “Otros no especificados precedentemente”.
• $700 millones en el mismo rubro genérico.
• $600 millones destinados a “Transferencias a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”.
La falta de un mayor nivel de detalle en algunos ítems volvió a encender el debate sobre el control del gasto público y el uso de fondos en áreas sensibles, en un contexto económico complejo para la provincia y el país.
Un gasto legislativo bajo la lupa
La ampliación presupuestaria se conoce en un escenario donde la Legislatura tucumana aparece entre las más costosas del país, con un gasto por legislador que supera ampliamente el promedio nacional. Tucumán destina cerca del 4% de su presupuesto total al Poder Legislativo, un porcentaje significativamente superior al de otras provincias.
Mientras la sociedad enfrenta problemas estructurales como pobreza, inseguridad y deficiencias en salud y educación, el aumento de recursos para la Legislatura vuelve a instalar una pregunta recurrente: ¿son estas las prioridades del Estado provincial?
