El Fiscal Rafael Vehils Ruiz y el Juez Guillermo Díaz Martínez desestimaron la investigación que había pedido la PROCELAC
La Justicia Federal puso punto final —al menos por ahora— a una de las investigaciones más sensibles que rodeaban al manejo de fondos públicos en municipios del Norte argentino. El caso de los llamados “cheques por ventanilla”, que involucraba movimientos por casi $40.000 millones, fue archivado bajo una conclusión que sintetiza el clima del expediente: hubo irregularidades, pero no delito.
La decisión fue tomada por el Fiscal Federal Vehils Ruiz y el Juez Subrogante Díaz Martínez, quienes descartaron la existencia de ilícitos penales tras meses de investigación impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Una investigación que generó alto impacto político
La causa había encendido alarmas a nivel provincial y nacional. La PROCELAC había advertido sobre extracciones millonarias de dinero en efectivo mediante cheques cobrados por ventanilla, una operatoria legal pero considerada de baja trazabilidad.
Los montos eran impactantes: solo en municipios tucumanos como Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros, Lules y Alberdi, se habían retirado miles de millones de pesos entre 2023 y 2024.
Las sospechas iniciales apuntaban a un posible desvío de esos fondos hacia campañas políticas, lo que incluso llevó a comparar esas cifras con el financiamiento electoral nacional, notablemente inferior. 
Qué determinó la Justicia
Tras analizar informes bancarios, movimientos de cuentas, declaraciones testimoniales y la evolución patrimonial de funcionarios, la Fiscalía concluyó que no pudo probarse la comisión de delitos como peculado, lavado de activos o financiamiento ilegal de la política.
Además, se tuvo en cuenta que las ejecuciones presupuestarias de los municipios habían sido aprobadas formalmente por los Concejos Deliberantes, lo que reforzó la inexistencia de irregularidades penales comprobables. 
Sin embargo, el fallo dejó una zona gris: la operatoria fue calificada como “displicente”, es decir, con falta de rigurosidad administrativa, aunque sin configurar delito.
Entre la legalidad y la transparencia
El archivo del expediente representa un alivio para el oficialismo tucumano, que veía en esta causa una potencial crisis institucional. Pero, también deja abierto un debate de fondo: ¿alcanza con que no haya delito, o el estándar de transparencia debe ser más exigente?
El uso intensivo de efectivo en la Administración Pública —aunque permitido— vuelve a quedar bajo la lupa por su escasa trazabilidad y su potencial para generar sospechas en contextos políticos sensibles.
Una causa que se apaga, pero deja interrogantes
Si bien la Justicia cerró el capítulo judicial, el caso de los “cheques por ventanilla” deja una enseñanza incómoda: no todo lo legal es necesariamente transparente.
En tiempos donde la sociedad exige mayor control sobre el uso de los recursos públicos, la frontera entre lo permitido y lo cuestionable sigue siendo, muchas veces, demasiado difusa.
Con información de Fernando Stanich
