El organismo abandonó el expediente durante más de seis meses, lo que habilitó a la defensa a pedir la caducidad del reclamo
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó una apelación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y confirmó la caducidad de la demanda civil que pretendía cobrarle 22.300 millones de pesos a Cristina Fernández de Kirchner, y al resto de los condenados, en la causa de corrupción por la que la expresidenta está presa.
La acción civil, iniciada el 25 de enero de 2018 durante la Gestión de Mauricio Macri, buscó el resarcimiento de perjuicios al patrimonio público causados por la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Los abogados de la ahora presa Cristina Fernández argumentaron que el último mes de abril se cumplieron seis meses sin que Vialidad impulsara el procedimiento. Fue un plazo compartido entre los mandatos de Alberto Fernández y Javier Milei.
El Juez de Primera Instancia, Marcelo Bruno dos Santos, aceptó este planteo al entender que Vialidad abandonó el caso entre el 18 de marzo de 2023 y el 7 de abril de 2025. A esa ventana de tiempo se le descontaron las ferias judiciales y un período en el que el trámite estuvo suspendido debido a un incidente de caducidad anterior, entre septiembre de 2023 y marzo de este año.
La Dirección Nacional de Vialidad, hoy a cargo de Marcelo Jorge Campoy, había apelado esa decisión. El organismo sostuvo que en septiembre de 2023 contestó una notificación de Carlos Kirchner, quien pidió que se lo corra de la demanda civil luego de ser absuelto en la causa penal.
De acuerdo a la apelación, si se contaba esa presentación como la última acción válida, solo habían transcurrido seis días (o 12 días, si se sumaba la solicitud del 15 de septiembre de 2023 para pedir el expediente en préstamo para digitalizar documentos) hasta la notificación de la suspensión.
Aclaración
Cabe aclarar que todo este proceso civil corre en paralelo y no afecta al decomiso que tramita en el Tribunal Oral Federal N°2, que busca cobrar 684 mil millones de pesos para resarcir el perjuicio al Estado en la causa Vialidad.
