La Sala IV de la Cámara Federal de Casación leerá este miércoles la sentencia de la causa Vialidad donde Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El máximo tribunal penal dará a conocer el criterio adoptado a las once de la mañana, con tres escenarios posibles ante la primera acusación por hechos de corrupción que pesa sobre la actual presidenta del PJ.
El 6 de diciembre de 2022, Cristina Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder, con una condena por corrupción. El TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El daño ocasionado se estimó en 80.000 millones de pesos.
Mientras tanto, el kirchnerismo anunció que realizará el miércoles una clase pública frente a los tribunales de Comodoro Py para denunciar “lawfare”, una supuesta conspiración entre la embajada de EE.UU., jueces y periodistas contra la ex presidenta. Cristina se mostró ayer en un comedor popular de Villa Caraza, acompañada de Juan Grabois, dirigente social K cercano al Papa Franciso.
Además, Cristina Kirchner se hizo elegir presidente del Partido Justicialista y por eso el senador ultra K Oscar Parrilli salió a hablar, otra vez, de “proscripción” aunque por ahora la ex presidenta no dijo si será candidata en las elecciones legislativas del año próximo.
Los fundamentos de aquella sentencia indicaban: “Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.
Las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue “exponencial” y el mismo se vio “directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
En otros términos, los magistrados indicaron ex funcionarios de Vialidad nacional como la agencia provincial, “operaron al margen del interés público”, configurando, “detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”./Clarín
