La ONG Será Justicia le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que ordene como medida cautelar que la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner no pueda ejercer cargos públicos por la ratificación de la condena en la causa de la obra pública en Santa Cruz.
La entidad también reclamó que se inicie el decomiso de bienes que se ordenó en la causa y que se analice “la posibilidad” que de que se ordene la detención de la ex mandataria. La ONG presentó hoy un escrito de 20 páginas en el que pidió ser considerada “Amicus Curiae” (amigo del tribunal) porque no forma parte del expediente. Lo hizo ante la Sala IV de la Cámara de Casación que hace 12 días confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo no está firme porque puede ser apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para lo que las partes tienen plazo hasta el 20 de febrero próximo. Pero Será Justicia se presentó y pidió como medida cautelar que la prohibición para ejercer cargos públicos ya se aplique. Explicó que la Constitución Nacional en su artículo 36, establece que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”. “La citada cláusula constitucional, no es más que la decisión del pueblo argentino a través de sus representantes, elegidos libremente para integrar la Convención Constituyente de 1994, de impedir el ejercicio de cargos públicos cuando mediaren actos de corrupción graves. Semejante prerrogativa, viene a consolidar una idea que se ha arraigado fuertemente en nuestra sociedad relativa al enorme daño que provoca la corrupción estatal al país, su cultura, su economía y a la calidad de nuestra democracia”, sostuvo.
La entidad agregó que ya hay un doble conforme de condena en el caso y planteó dos escenarios para dictar la medida: “Existen razones suficientes que la justifican. Una de ellas, dentro de las más salientes, es que la eventual intervención extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta ajena a cuestiones de hecho y prueba, de modo tal que los actos de corrupción verificados en autos en cabeza de Cristina Fernández no deberían ser modificados. Otra de las razones destacables es que, con esta disposición, se pretenden asegurar y garantizar los fines del proceso en sus últimas instancias, evitando maniobras que le faciliten su impunidad o posibles injerencias desde el poder en la actividad de la justicia”./ Infobae
