En Tucumán es el 80% -4 de 5 jueces tienen nexos políticos-. El caso Enrique Pedicone
En las provincias argentinas no suena raro que una Jueza de la Corte Suprema sea la sobrina del gobernador. O que ese cargo sea ocupado por un ex ministro del mismo mandatario que lo propuso para integrar el Máximo Tribunal local. O que otro Juez llegue al Tribunal Superior sin haber pasado por la carrera jurídica, solo por haber sido abogado personal de un gobernador, o diputado por el partido oficialista.
Estas situaciones ocurren en lugares como La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santa Fe o Formosa. Y la lista sigue. No son casos aislados, sino muestras de una situación frecuente que expone la estrecha relación entre el poder político y quienes ocupan las Cortes Supremas de las provincias argentinas.
¿Cómo llegaron a ocupar esos lugares? ¿Son juristas de carrera, independientes del poder político, o políticos reciclados en la Justicia? Por primera vez, las respuestas a esos interrogantes se traducen en datos: un relevamiento realizado por Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- y Connectas en las 23 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires (CABA), arroja un resultado impactante: el 64% de quienes integran las Cortes Supremas de estos distritos tuvieron nexos con los gobiernos locales -o con sus funcionarios- antes de ser designados en sus cargos.
Esto se traduce en que 88 de los 138 jueces y juezas de las 24 cortes provinciales fueron funcionarios del gobierno local -ocuparon cargos ejecutivos o legislativos- o tuvieron funciones partidarias o algún vínculo laboral con funcionarios de una gestión política. Con un dato adicional: 76 de estos supremos -es decir, más de la mitad del total- fueron designados en las Cortes bajo gobiernos del mismo signo político con el cual tuvieron el vínculo anterior.
Estas cifras ponen bajo la lupa la independencia de poderes, que es un pilar del sistema republicano, según la Constitución Nacional y las propias cartas magnas provinciales. La mayoría de estos jueces supremos fueron antes secretarios, ministros, legisladores, fiscales de Estado, directores de áreas o asesores. Y hasta existen casos de vicegobernadores, socios de estudios jurídicos de funcionarios e incluso parientes de gobernadores que hoy integran las Cortes provinciales.
Hay que aclarar que en todos los casos las designaciones han respetado los distintos mecanismos legales previstos en cada provincia, ninguno de los cuales prohíbe o limita que exista esta clase de nexos entre funcionarios políticos y jueces.
Si bien eso no significa necesariamente que los magistrados obedezcan a sus antiguos vínculos, refuerza una percepción sobre la debilidad con la que los poderes judiciales investigan (o dejan de hacerlo) al poder provincial.
Los casos emblemáticos de Tucumán y San Juan
En cada provincia analizada sobran ejemplos que exponen esta situación. Pero hay dos casos emblemáticos: en Tucumán y en San Juan, las decisiones de sus cortes superiores locales estuvieron a punto de permitir, en 2023, la reelección de sus gobernadores para un tercer mandato, pese a que lo prohíben ambas constituciones provinciales.
Tanto la Corte tucumana como el Tribunal Electoral sanjuanino (integrado por 2 jueces de la Corte) admitieron la postulación de Juan Manzur (Unión por la Patria) y de Sergio Uñac, respectivamente. La avanzada sólo se pudo frenar con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó en contra de lo que habían resuelto los tribunales superiores de ambas provincias.
En San Juan, los 5 jueces de la Corte tienen vínculos previos con el poder Ejecutivo. Además, todos fueron designados durante gobiernos peronistas, el mismo signo político bajo el cual trabajaron o con el que tuvieron relación: Adriana García Nieto fue asesora letrada de gobierno y subsecretaria general de la gobernación; Daniel Olivares Yapur fue candidato a diputado provincial; Juan José Victoria asesoró a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Santa Lucía y fue fiscal general de la Municipalidad de Rawson; Guillermo de Sanctis fue fiscal de Estado, ex diputado y ex ministro de Salud; y Marcelo Lima fue vicegobernador e intendente de San Juan.
En Tucumán se replica esa situación, con 4 de 5 magistrados: Eleonora Rodríguez Campos, Daniel Leiva y Daniel Estofán fueron fiscales de Estado; mientras que Daniel Posse trabajó como secretario de Gobierno y Justicia.
En Argentina, la designación de los jueces de las Cortes provinciales (o Superiores Tribunales de Justicia) combina una nominación por parte del poder ejecutivo provincial y un posterior acuerdo del legislativo, aunque los detalles específicos varían entre las jurisdicciones.
Tucumán: tráfico de influencias y castigo para el denunciante
En 2020, el juez tucumano Enrique Pedicone hizo público un audio que él mismo había grabado en un bar, durante una conversación con el presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Leiva. En esa charla, Leiva le solicitaba a Pedicone que “maneje la intensidad” en una causa contra el legislador Ricardo Bussi, por un presunto caso de abuso sexual que habría sucedido en su despacho de la Legislatura. Según Pedicone, Leiva “actuó a pedido de Osvaldo Jaldo (actual gobernador de Tucumán, entonces vice) y de Juan Manzur (ex primer mandatario provincial, hoy senador)”.
Pedicone, Juez de la Cámara Penal provincial, inició entonces una causa judicial contra Leiva, por supuesto tráfico de influencias.
La incorporación de esas grabaciones al expediente fue rechazada por distintas instancias del ámbito provincial y hoy son materia de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el medio y por supuestamente haber incumplido sus deberes como funcionario público en otros casos, Pedicone fue destituido de su cargo como juez por el Jurado de Enjuiciamiento provincial el 17 de febrero de 2021. Ese Jurado está integrado, entre otros miembros, por dos ministros de la Suprema Corte provincial.
La CSJN también debe resolver el amparo que presentó Pedicone para ser restituido como Juez. Daniel Leiva sigue en su puesto.
Cortes con vínculos políticos
Porcentaje de jueces -de cada Corte Suprema- con vínculos con un gobierno determinado previos a su entrada al Poder Judicial. Por distrito.
JUJUY, 86% –6 de 7 jueces tienen nexos políticos–
SALTA, 66% –6 de 9–
TUCUMÁN, 80% –4 de 5–
FORMOSA, 66% –3 de 5–
MISIONES, 56% –5 de 9–
CATAMARCA, 86% –6 de 7–
SANTIAGO DEL ESTERO, 0% –0 de 3–
CHACO, 40% –2 de 5–
CORRIENTES, 20% –1 de 5–
LA RIOJA, 100% –5 de 5–
CÓRDOBA, 86% –6 de 7–
SANTA FE, 57% –4 de 7–
ENTRE RÍOS, 67%, –6 de 9–
SAN JUAN, 100% –5 de 5–
SAN LUIS, 100% –4 de 4–
BUENOS AIRES, 33% –1 de 3–
CABA, 60% –3 de 5–
MENDOZA, 57% –4 de 7-
LA PAMPA, 40% –2 de 5–
NEUQUÉN, 80% –4 de 5–
RÍO NEGRO, 40% –2 de 5–
CHUBUT, 83% –5 de 6–
SANTA CRUZ, 60% –3 de 5–
TIERRA DEL FUEGO, 20% –1 de 5–
Con datos de chequeado
