Denuncian que el tributo sería inconstitucional y exigen su eliminación. Tucumán es la única provincia que lo aplica. Además, presentaron una masiva acción de amparo contra el organismo
Cuando desde el Gobierno Nacional están abogando por la reducción o eliminación de tasas e impuestos para ayudar al crecimiento económico, el Gobierno de Tucumán parece hacer “oídos sordos”.
Un grupo de comerciantes de Tucumán ha decidido dar un paso firme contra lo que consideran un impuesto “totalmente ilegal e inconstitucional”. Se trata del tributo que el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), a cargo del peronista Dante Loza, cobra a locales que venden bebidas alcohólicas y a salones de fiesta que solo las expenden, sin comercializarlas. Argumentan que esta carga fiscal es arbitraria, solo existe en Tucumán y no cumple con su supuesto fin: la prevención y el control del alcoholismo.
Este jueves, convocados por el legislador José “Pepe” Seleme (Avanza Tucumán), se juntaron frente a la sede del organismo -en calle Salta 174- para “exigir” el cierre de lo que consideran “una caja recaudadora” para el Gobierno de Tucumán. Desde allí, los manifestantes se dirigieron a Plaza Independencia para hacerse escuchar por las autoridades del Ejecutivo provincial.
Un organismo que lleva más de 25 años intervenido
“El IPLA fue creado con la finalidad de combatir el abuso del alcohol, pero hace más de 25 años se encuentra intervenido ilegalmente, cuando la propia Ley de su creación establece que una intervención no puede superar los tres meses. Esta irregularidad anularía todas sus actuaciones, incluidas las sanciones y cobros realizados durante décadas”, comenta la abogada Constanza Bauque.
A esto se suma otra grave denuncia: “El organismo no rinde cuentas sobre los millones que recauda en concepto de tributos mensuales y multas aplicadas a comerciantes. No hay registros públicos claros sobre el destino del dinero, lo que genera sospechas de discrecionalidad y falta de transparencia”, expresa Bauque.
Multas millonarias y comercios asfixiados
Los comerciantes afectados afirman que están siendo asfixiados económicamente, no solo por el pago mensual de este impuesto, sino también por las multas millonarias que el IPLA impone sin control ni justificación clara. “La situación es especialmente grave para los salones de fiesta, que ni siquiera venden alcohol, sino que solo lo sirven cuando los clientes lo llevan, y aun así deben abonar sumas desproporcionadas” afirman.
Este tributo, denuncian, se traslada directamente al consumidor final, encareciendo los eventos y las bebidas en los comercios.
Acción legal en marcha
La presión tributaria de la provincia, más de aquellos que no tienen justificativo -solo el afán de recaudar sin fines específicos- llevó a comerciantes, cansados de esta situación, a tomar la decisión -mediante asesoramiento legal- de dejar de pagar el impuesto (IPLA) e iniciar una acción de amparo contra el organismo.
En octubre del 2024, se presentó un Proyecto de Ley para la disolución del IPLA, un organismo que, según expresa el escrito, “ha demostrado ser ineficaz en la lucha contra el alcoholismo”. Argumentó que, desde su creación en 1994, “el IPLA ha sido más un ente recaudador que un verdadero instrumento para reducir el consumo de alcohol”. Además, señaló que su estructura burocrática ha crecido de manera desmesurada, con un plantel de 164 empleados que consume el 90% de su presupuesto, sin que haya resultados visibles en la lucha contra el alcoholismo.
“El IPLA solo sirve para mantener su estructura de empleados. Es evidente que es necesario replantearse la existencia de un organismo claramente ineficiente, como lo está haciendo el Estado Nacional con organismos que solo tienen por finalidad recaudar, perseguir y asfixiar al contribuyente”, afirmaron los comerciantes.
“La idea es hacer que esta institución desaparezca, porque no tiene razón de ser. Simplemente tiene la finalidad de recaudar, es un impuesto distorsivo y un impuesto en cascada, porque lo paga el mayorista, lo paga el minorista y lo paga el consumidor final, este último cuando se sienta en un bar, cuando va a una fiesta, todos estos impuestos se recargan sobre el consumidor final”. “El gobernador (Osvaldo) Jaldo, lejos de bajar o eliminar impuestos, está haciendo lo contrario”, dijeron.
“Si bien el IPLA como entidad no es inconstitucional, su actual intervención, la falta de control sobre sus fondos y la manera en que aplica tributos y sanciones sí podrían ser inconstitucionales“, comentan los manifestantes.
La batalla legal recién comienza, pero la polémica ya está instalada. La gran pregunta ahora es: ¿podrá el IPLA seguir sosteniendo este tributo sin rendir cuentas, o la Justicia pondrá fin a esta situación?
