Gastó 2,6 millones de dólares en remodelarlo y seis meses después se lo devolvió a su dueños
En mayo del 2022, el Estado Nacional alquiló cinco pisos y treinta cocheras de un edificio que se levanta a pasos del obelisco, a un costo de $245.471.400. La decisión, avalada por los organismos de control, fue tomada por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo en ese entonces por Victoria Tolosa Paz. Esos inmuebles fueron destinados para instalar oficinas de la Secretaría de Economía Social, de Emilio Pérsico, y también para despachos que necesitaba la Secretaría de Abordaje Integral.
El contrato de alquiler fue por 36 meses más un posible año más de prórroga. La adjudicación de la renta fue para la empresa dueña de esos departamentos y los garajes, Diagonal Plaza S.A. Los funcionarios empezaron a trabajar allí. La evaluación del Gobierno fue que el edificio estaba en óptimas condiciones.
Sin embargo, en agosto del 2023, a pocos meses del final del mandato de la Presidencia de Alberto Fernández, el mismo Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, contrató a una constructora para que realizara un “servicio de reacondicionamiento de espacio” de las oficinas alquiladas en Roque Sáenz Peña 1149. El costo de la “puesta en valor” era de dos millones setecientos mil dólares. Al cambio actual de la divisa norteamericana en el mercado “blue”, son más de doscientos setenta millones de pesos.
La compañía que ganó esa contratación millonaria, para modificar las oficinas que estaban en absoluto buen estado de acuerdo a la propia administración K, se llama Secavit S.A. Además de la ya de por sí sospechosa modificación de los pisos de Roque Sáenz Peña 1149, se suma el plazo de tiempo en que se deberían haber completado esos trabajos. Un año. Cuando las actuales autoridades del ahora llamado Ministerio de Capital Humano, al mando de Sandra Pettovello, revisaron los contratos antes mencionados detectaron que la “puesta en valor” de las oficinas culminarían seis meses después de que el Estado devolviera los departamentos a sus dueños.
La secretaría de coordinación de Legales de la gestión de Javier Milei presentarán una denuncia penal en los próximos días ante la Justicia por la transferencia millonaria en dólares con fin insólito para el edificio “fantasma”.
El edificio “fantasma” suma además otra variable que fue quizás la que llamó la atención de los revisores de las cuentas de Capital Humano: la constructora Secavit S.A no solo se alzó con el contrato de 2.700.000 dólares para remodelar las oficinas que usó la Secretaría de Economía Social K: por razones que quizás no tengan que ver con la burocracia de las licitaciones públicas, también logró que se le giren alrededor del sesenta por ciento de los fondos aun cuando no había iniciado los trabajos.
La empresa Secavit S.A. se benefició con otros negocios de otras licitaciones públicas durante la era K.
El contrato con Secavit S.A. fue dado baja. Será la Justicia la que determine por qué le fueron adjudicados los trabajos de la polémica.
Extractos investigación de Nicolás Wiñazki para Clarín
