El Gobernador tucumano reclamó a la Justicia que se haga responsable penal y civilmente a los padres de estudiantes que pintan paredes o llevan armas blancas y de fuego a los colegios
Osvaldo Jaldo reclamó a la Justicia y a las instituciones educativas que actúen con más firmeza y severidad con los alumnos que sean hallados responsables de las amenazas de tiroteos y quienes lleven armas blancas o de fuego a las aulas.
“Hay que ir a fondo con las medidas. Estos chicos que de alguna manera cometen delitos pintando paredes o llevando armas blancas y armas de fuego tienen que ser detenidos. Tienen que hacerlos responsables penal y civilmente a sus padres de manera inmediata. No tomemos estas medidas cuando haya heridos o las discutamos sobre un féretro”, expresó el mandatario.
El tenor de las declaraciones del mandatario evidencian el malestar que hay en la Casa de Gobierno por las escasas o nulas consecuencias que se están aplicando en casos que encienden las alarmas en el ámbito educativo.
“El que comete un delito o un intento de delito tiene que quedar detenido y ser expulsado de la institución. A esto hay que darle un corte de cuajo, no da para más. No esperemos que ocurra un hecho lamentable que nadie quiere. No hay margen de ser benévolos, flexibles o mirar para otro lado, porque si esto se agrava y sucede lo que no queremos que suceda, seguramente va a rayar a las autoridades de turno”, comentó Jaldo.
Según informaron, en Tucumán se registraron cerca de 90 denuncias por amenazas de tiroteo en los últimos días y que hay alumnos que reconocieron ser responsables de las pintadas.
“El accionar de la Policía está a pleno. La Justicia tiene que endurecer las medidas. El que comete un delito debe ser detenido y enviado a Benjamín Paz (donde funciona el instituto para menores Padre Brochero). Darle allí todo el acompañamiento, pero no puede poner en riesgo a un colegio”, arremetió el gobernador.
En ese sentido, Jaldo recordó que apenas se conocieron las primeras amenazas el PE publicó el Decreto N°772/7, con el fin de intensificar acciones preventivas y de disuasión, así como endurecer las consecuencias para los responsables. El instrumento autoriza la expulsión y aprehensión de los alumnos que participen de los actos de inconductas, con traslado a Padre Brochero. Además, estableció que los padres y tutores serán responsables de las conductas de los menores, y advirtió que los establecimientos educativos pueden perder los subsidios del Estado si no se hacen cargo del cuidado de los estudiantes.
